Organizaciones defensoras de los derechos del consumidor cerraron filas en contra del proyecto de reformas a Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley 661), que ya se encuentra en proceso de consulta en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.
Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, con el fin de ampliar el rango de cobertura que tiene la llamada “Ley antifraude”, para que los usuarios del servicio eléctrico que tienen un consumo de 200 kilovatios hora mes puedan ser sujetos a inspecciones, sanciones penales y multas, de comprobarse que sustraen energía de forma ilegal.
Representantes de la Red Nacional de Consumidores (RNDC) y del Movimiento de Consumidores en Acción (MCA) asistieron a una reunión con diputados de la Comisión de Infraestructura, donde plantearon que no era necesaria una reforma a Ley 661.
Gonzalo Salgado, directivo de la Red, expuso que no era prudente aplicar estas reformas, sobre todo porque se podría beneficiar a la distribuidoras Disnorte-Dissur de Gas Natural, empresa que según su criterio no ha cumplido con los procesos de inversión para mejorar los sistemas de redes y disminuir las pérdidas energéticas.
Salgado dijo que las inversiones, que hasta la fecha ha hecho Gas Natural, son mínimas y básicamente se han limitado a cambiar transformadores y postes, dejando a un lado las ampliaciones de la red y la mejora del servicio de distribución eléctrica.
Ricardo Osejo, promotor del MCA, criticó el hecho de que los medidores que actualmente instala Gas Natural tienden a “elevar” el consumo de energía, afectando a los usuarios.
“El problema es que no existe en el país un laboratorio especializado para verificar los medidores que pone la distribuidora. Nosotros hemos comprobado que los medidores son tan ‘sensibles’, que con sólo el hecho de que pase un vehículo cerca marcan de más, porque las vibraciones los afectan”, explicó.
Recientemente directivos de Gas Natural informaron que, de acuerdo con lo establecido al Protocolo de Entendimiento, firmado en el año 2008 con el Gobierno, la empresa ejecutará 33.6 millones de dólares en cinco años, en sus plan de inversiones para mejorar las redes eléctricas.
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