CABLES COMBINADOS
La renuncia del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, tras su denuncia de la existencia de campañas de desprestigio en su contra, desató una tormenta contra el presidente Álvaro Colom, quien es presionado por varios sectores para que destituya al Fiscal General, Conrado Reyes.
Esa tensión llevó al mandatario a decir la noche del lunes que podría remover al jefe del Ministerio Público, para no perder “la buena relación” que tiene con la comunidad internacional.
Castresana, quien desmanteló varias redes criminales integradas por altos jefes policiales implicados en narcotráfico y asesinatos, entre otros delitos, renunció alegando falta de voluntad del Estado de cumplir su compromiso en el combate a la impunidad y ser víctima de una “campaña de desprestigio” en su contra promovida por las estructuras que combatía.
Jorge Santos, del Centro de Investigación Internacional de Derechos Humanos, dijo ayer a Acan-Efe que la dimisión de Castresana “debilita totalmente el sistema de justicia” porque se demuestra la ausencia de voluntad política del Estado para descubrir y erradicar las estructuras criminales.
DEPURACIÓN
Durante los 33 meses que estuvo al frente de la Cicig, el ex fiscal español forzó la depuración del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Poder Judicial, estructuras claves del sistema de justicia de Guatemala que se encontraban infiltradas por las mafias criminales para procurar impunidad.
En cumplimiento del mandato de la Secretaría General de la ONU que dio vida a la Cicig, Castresana también dirigió contundentes investigaciones para desmantelar a los grupos paralelos de seguridad que, amparados en el sistema de impunidad generado por estos mismos, habían convertido al Estado guatemalteco en un reino para delinquir.
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