Desde mañana hasta el martes próximo se reunirá en Lima, Perú, la cuadragésima (40) Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo tema central es “Paz, seguridad y cooperación en las Américas”.
La OEA es una asociación de gobiernos de las Américas, o mejor dicho de gobernantes, y por lo tanto en sus deliberaciones y decisiones no necesariamente se toman en cuenta los verdaderos intereses de los pueblos. Sin embargo la OEA permite una participación mínima y formal de las organizaciones de la sociedad civil, que éstas aprovechan para al menos denunciar internacionalmente los problemas sociales y los atropellos de los gobernantes autoritarios.
Previo a la celebración de la cuadragésima Asamblea General de la OEA que comienza mañana en la capital del Perú, se informó que hasta el 28 de abril del corriente año 326 organizaciones de la sociedad civil se habían registrado ante dicha entidad hemisférica. Las organizaciones no gubernamentales reconocidas por la OEA tienen derecho de asistir a su Asamblea General, al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y otras reuniones regionales. Además, pueden presentar informes, recibir información y hacer sugerencias de temas para que se considere su inclusión en las agendas de la Asamblea General y el CIDI.
Es por eso que una delegación de la sociedad civil nicaragüense estará presente, como observadora, en la Asamblea General de la OEA que se realizará a partir de mañana en Perú, el mismo lugar donde en el año 2001 se aprobó la Carta Democrática Interamericana, la cual es violada a menudo por gobiernos autoritarios como el de Nicaragua.
La OEA define como organismo de la sociedad civil a “toda institución, organización o entidad nacional o internacional integrada por personas naturales o jurídicas de carácter no gubernamental”. En este concepto se incluyen ONG de acción y promoción social, comisiones de defensa de los derechos humanos, organismos promotores de la cultura cívica y la democracia, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, grupos religiosos e instituciones académicas y universitarias.
Pero el reconocimiento de la OEA a las organizaciones de la sociedad civil no significa que tengan derecho de participar en los debates ni que sus denuncias, propuestas y sugerencias sean aceptadas. En realidad, lo más que pueden hacer los delegados de la sociedad civil que asisten a los eventos de la OEA, es relacionarse con los representantes gubernamentales de los diversos países miembros, cabildear a favor de los temas que les interesan y denunciar los atropellos a la libertad y la democracia y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los países dominados por regímenes autoritarios.
Tal es el caso de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega atropella el Estado de Derecho, irrespeta la institucionalidad constitucional y viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo cual será denunciado con abundancia de detalles por los delegados nicaragüenses de la sociedad civil que estarán presentes en esta Asamblea General de la OEA. Ellos no podrán denunciarlo en la misma Asamblea, pero lo harán aunque sea en las conversaciones de pasillos con los delegados oficiales y en declaraciones a los medios de comunicación.
En todo caso, algún efecto importante deben tener las denuncias de la sociedad civil en los eventos de la OEA, para que los gobernantes antidemocráticos de la región pretendan que sólo se reconozca y acredite a organismos de la sociedad civil que sean previamente aprobados por los gobiernos. Tal es el propósito de las denominadas “Nuevas Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la OEA”, que a pesar de su título en realidad tienen el objetivo de que la OEA admita únicamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil constituidas “de acuerdo con la legislación interna de los estados miembros”.
No es por casualidad que esta propuesta ha sido presentada por el gobierno autoritario de Bolivia que preside Evo Morales, y que sea respaldada por los otros gobernantes antidemocráticos que forman parte del Alba. En cambio es rechazada por gobiernos democráticos como los de El Salvador, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos, y por prestigiosas organizaciones no gubernamentales como por ejemplo Transparencia Internacional y Freedom House.
Sería una vergüenza que los gobiernos democráticos permitan que las organizaciones independientes y democráticas de la sociedad civil sean impedidas de participar en los foros de la OEA. No se puede tolerar que los gobernantes autoritarios restrinjan y prohíban la participación democrática no sólo dentro de sus países, sino también a nivel internacional.
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