La aprobación de una nueva Ley de Registro Civil que permita modernizar el proceso de inscripción ciudadana debe ser una prioridad, de acuerdo con el cuarto informe complementario sobre el cumplimiento de la Convención sobre derechos del niño, que fue concluido en marzo recién pasado y se presentará este mes ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
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Aunque el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, dijo desde ya que está en contra de un proyecto de Ley de Registro Civil —el cual está siendo discutido en la Asamblea Nacional— el documento sobre los derechos humanos habla de la necesidad de una nueva ley que se caracterice “por estar adecuada a las condiciones socioculturales y económicas del país, con el fin de hacer el proceso de inscripción más accesible, eficiente, eficaz y expedito”.
El mismo documento, que será presentado por la Coordinadora Nicaragüense de organismos no gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), indica que las diferentes organizaciones ya llevan varios años pujando por la aprobación de la ley de registro.
Sin embargo, “el Consejo Supremo Electoral no apoya ni está de acuerdo con el proyecto en cuestión (Proyecto de Ley General del Sistema del Registro del Estado Civil de la República de Nicaragua), por lo que solicitamos desestimar el mismo”, dice una carta enviada recientemente por Rivas al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista René Núñez.
La valoración de Rivas se da luego que la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional intensificara las gestiones de consultas del proyecto de Ley de Registro Civil.
De acuerdo con el proyecto, la tutela de la inscripción, la cedulación y posterior conformación del padrón electoral ya no estaría en manos del CSE, sino de un Sistema Nacional de Registro del Estado Civil.
SISTEMA ES MANIPULABLE
Hasta la fecha el CSE tiene el control central del registro de las personas, la cedulación y del padrón electoral. Una situación que, de acuerdo con el director de defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, “sólo ha favorecido a la delincuencia”.
“El sistema actual (cuya legislación data de 1904) es manipulable y vulnerable. Son muchos los casos en donde los tratantes de personas, los narcos y muchos delincuentes acceden a partidas de nacimientos falsas y con ésas solicitan las cédulas. Por eso urge una ley que regule la situación”, dijo.
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