Acompañados por representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Federación Democrática de Servidores Públicos, diez ex empleados públicos introdujeron en la Oficina de Atención al Público del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) una acusación en contra de tres funcionarios de la Fiscalía, entre ellos el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
Los ex servidores públicos acusan a Centeno Gómez de no haber cumplido con sus funciones de perseguir el delito en los múltiples casos de despidos en instituciones del Estado, donde a muchos de los denunciantes no les han entregado sus liquidaciones desde hace más de un año. Consideran que esto constituye delito pero también violenta sus derechos humanos, pues a la fecha los titulares de varias instituciones se niegan a pagarles las liquidaciones.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales de esa federación adscrita a la Central de Unificación Sindical (CUS), aseguró que junto a Centeno Gómez acusan al inspector de esa institución, Armando Juárez y al Fiscal del área operativa, Luden Montenegro.
En la edición de LA PRENSA del miércoles 2 de junio del presente año, el Fiscal General de la República dijo estar consciente de la situación de los empleados, pero el retraso ha tenido que ver con una iniciativa suya para tratar de convencer a los personeros de Gobierno que paguen sus prestaciones a los trabajadores despedidos. De lo contrario, dijo estar dispuesto a recurrir a los tribunales para que éstos paguen a los ex empleados.
Leiva Sánchez, quien en su caso personal también introdujo una acusación, manifestó que confían en el Estado de Derecho, ya que ningún funcionario del Estado puede estar por encima de la Ley.
“El Fiscal General de la República ha cometido delito. Él tiene que enfrentar la comisión de estos delitos ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua”, expresó Leiva Sánchez, tras señalar que en las denuncias introducidas ante el Ministerio Público, hay casos por incumplimiento de los ministros del Transporte e Infraestructura (MTI), del Trabajo (Mitrab) y de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Entre los casos de ex trabajadores que recurrieron ayer ante el TAM está el de Gilberto Guadamuz Rivera, ex inspector fiscal que trabajó nueve años en la DGI y quien alega que lleva un año esperando su liquidación que puede ser de más de 100 mil córdobas.
Otro caso es el de Carlos Brenes, quien trabajó cinco años en la DGI como analista del sistema.
Afirmó que lleva dos años “de estar luchando y no me han pagado mis prestaciones”.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, recordó que desde un inicio han venido dando acompañamiento a los casos de empleados del sector público que fueron despedidos arbitrariamente.
Mientras tanto, observan que el Ministerio Público “no hace absolutamente por defender los derechos laborales”, indicó.
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