Dirigentes de la Coordinadora Civil (CC) temen que las denuncias de “intolerancia, autoritarismo y malversación de fondos”, que les hace el ex miembro de la plataforma juvenil Raití Juárez, sean parte de una estrategia para provocar que el Ministerio de Gobernación (Migob) los “persiga” como lo hizo en el 2008.
Juárez dice haber sido expulsado por aspirar a un cargo en la comisión ejecutiva de la CC y criticar el autoritarismo y la forma en que imponen voluntades personales en esa organización, así como el doble discurso al criticar la reelección de funcionarios, pero adoptarla como práctica para elegir a sus dirigentes.
También acusa a Irving Larios Sánchez de mantener tomada la CC a través de chantajes, amenazas y prebendas. “Tengo un señalamiento directo para él. Los 300 mil dólares que fueron gestionados ante la cooperación española el año pasado, para fortalecer las redes de la coordinadora, ¿dónde están? Mientras estuve ahí nunca toqué un centavo, porque ahí nunca hay dinero para nada”, cuestionó Juárez.
Añadió que Larios tuvo acceso a los fondos porque, para gestionarlos, prestó la personería jurídica del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), que en ese momento presidía.
Larios niega que eso haya ocurrido y lo calificó como alucinaciones e inventos. Advirtió que un señalamiento de ese tipo puede terminar en un juzgado, y aclaró que su participación en la Comisión Ejecutiva de la CC se limita a representar a la Federación de Organismos No Gubernamentales (FONG), por lo que no posee responsabilidades administrativas.
Juárez insiste en que algunas actitudes de dirigentes de la CC, aunque sólo nombra a Larios, han provocado una crisis institucional en la CC.
Luego acusa al gobernante Frente Sandinista de hacer un “trabajo de infiltración en los grupos juveniles, para desgastar y deslegitimar su imagen”, lo que ha provocado señalamientos y bloqueos en su contra.
La vocera de la CC, Luisa Molina, sostiene que Juárez es un “creador de conflictos” y que eso, junto a una decisión mayoritaria de los integrantes de la plataforma juvenil, provocaron su salida después de las elecciones internas en las que no logró los votos para ser electo.
De los 300 mil dólares, Molina dice que nunca existieron y puso a la orden las cuentas para demostrarlo, señalando que los donantes hacen sus propias auditorías.
Molina y Adolfo Acevedo temen que Juárez se esté prestando a una estrategia del Gobierno, para dividir a la sociedad civil, distraer a la población y ahuyentar a la poca cooperación que maneja la CC.
“Además, esto puede ser aprovechado por el Ministerio de Gobernación para intervenir… Quieren destruir lo único que tenemos, que es nuestra reputación y autoridad moral”, advirtió Acevedo.
Diedrich Carrasco, de la Juventud por la Democracia de Nicaragua (Judenic), confirmó que varias organizaciones prefieren no trabajar con Juárez por los problemas que “provoca donde llega”, por causa de su autoritarismo y deseo de ocupar posiciones de mando para figurar y manejar los recursos.
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