TEGUCIGALPA/AFP
El anuncio del presidente hondureño, Porfirio Lobo, de que viajará a República Dominicana para invitar a volver a Tegucigalpa al ex mandatario Manuel Zelaya provocó este viernes una fuerte controversia entre los que están a favor y en contra de ello.
Lobo sorprendió a los hondureños la noche del jueves al anunciar que había «hablado con el presidente (dominicano) Leonel Fernández (…), el presidente Zelaya puede venir a Honduras cuando él quiera, nadie lo va a meter preso. Para que usted vea: alístemelo, yo lo voy a ir a traer».
«Quedamos con él (Fernández) en que vamos a definir el día» para viajar a Santo Domingo a buscar a Zelaya y «que venga aquí, él es un hondureño», subrayó el mandatario, quien admitió que recibe presiones internacionales para que logre la reconciliación, y que este retorno sería un paso en ese sentido.
Lobo descartó que una vez que Zelaya regrese a Honduras pueda ser detenido, como anteriormente lo afirmaron el presidente de la Corte Suprema, Jorge Avilés, y el fiscal general, Luís Rubí.
El regreso de Zelaya «es un tema que he hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal no puede capturar a nadie y es tema que también hablamos con el fiscal», añadió Lobo.
El analista Rigoberto Espinal dijo que Lobo, «como jefe de Estado, no debe dar declaraciones que comprometan o demuestren que en Honduras no existe la división de poderes, que no se respeta la competencia, que pueden haber arreglos».
Sin embargo, «desde el punto de vista legal no debemos asombrarnos de que ya las órdenes de captura por delitos políticos no tengan ningún efecto porque hay una amnistía», dijo el analista y jurista a la radio HRN.
Hay «un cruce allí entre las funciones y atribuciones» del Ejecutivo y el Poder Judicial en las palabras de Lobo, afirmó por su parte el analista Benjamín Santos.
«Entiendo que el presidente Lobo está muy presionado desde afuera para ceder», añadió Santos al Canal 11.
Tras asumir Lobo el 27 de enero, el Congreso hondureño aprobó una amnistía para los involucrados en delitos políticos, que incluye a Zelaya y a los líderes del golpe de Estado del 29 de junio de 2009.
Zelaya fue derrocado cuando intentaba realizar una consulta -considerada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para poder ser reelecto.
Terminó expulsado a Costa Rica, de dónde regresó secretamente en septiembre y se refugió en la embajada de Brasil por cuatro meses, hasta que viajó a Santo Domingo con ayuda de Lobo, el día que éste asumió la presidencia tras ganar las elecciones.
La comunidad internacional ha mantenido sanciones impuestas a Honduras tras el golpe después de que asumió Lobo, quien necesita que se reanude la ayuda financiera debido a la crisis económica.
Eduardo Reina, asesor de Zelaya, dijo que los miembros del Frente de Resistencia Popular contra el golpe apoyan «la propuesta de presidente Lobo».
«La reconciliación comienza con reconciliarse con el primero que se golpeó: José Manuel Zelaya», agregó.
