Más de 300 maestros se sienten amenazados de ser despedidos, luego que desde fechas próximas a la realización de una marcha que efectuó el sector magisterial a finales de abril hacia el Ministerio del Trabajo, empezaron a recibir memorandos de advertencia por parte de sus jefes inmediatos.
A través de los mismos, las autoridades educativas en las delegaciones empezaron a hacer advertencias sobre las consecuencias de llegar a abandonar sus centros de trabajo, y en otros casos los recibieron después de efectuada la marcha, denunció el secretario de asuntos laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva Sánchez.
El dirigente sindical indicó que debido a ello contemplan introducir recursos de amparo a favor de los docentes en prevención de despidos, pues los memorandos los consideran como “una represalia por haber asistido a la marcha recientemente el 29 de abril”.
“Se les ha amenazado de ser despedidos si no desisten a seguir reclamando sus derechos constitucionales, laborales, que ellos ejercieron en la marcha del día 29 de abril para reclamarle un aumento salarial a la administración del Ministerio de Educación”, sostuvo Leiva.
En abril unos mil maestros de diferentes partes del país se movilizaron hasta el Mitrab con la intención de entregar un pliego petitorio a la titular de esa cartera Jeanette Chávez, a fin de que autorice la declaración de huelga en el sector, en reclamo de aumento salarial.
Denunció que en el sector magisterial del 2007 a la fecha en el Ministerio de Educación (Mined) han sido despedidos más de 90 dirigentes sindicales, por reclamar los derechos de los trabajadores y mil docentes. Señaló el caso más reciente, el de la profesora Ruth Cuadra, sobre el cual enviarán un informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación a la libertad y fuero sindical.
Criticó que las autoridades han seguido contratando a nuevo personal, sin que en estos casos hayan cumplido el debido proceso y sin que los nuevos empleados sean maestros, únicamente por la afiliación política.
Leiva dijo que esa federación pedirá a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría en el Mined durante la gestión de Miguel De Castilla. “Estamos hablando de que entregue cuentas de los 90 millones de córdobas que estaban asignados al presupuesto del Ministerio de Educación para la Ley de Carrera Docente, que responda por los 30 millones de córdobas que estaban asignados al presupuesto de Educación para beneficios sociales del convenio colectivo vigente”.
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