El siete de marzo las elecciones se realizaron en calma en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur. Igualmente, el escrutinio de los votos no dio pie a que se sospechara de ninguna alteración a la voluntad popular de los pocos costeños que asistieron a votar, sin embargo, para usar términos beisboleros, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) perdería “en la mesa” del Consejo Electoral Regional que “borró” cuatro de los 24 consejeros que había ganado en las juntas receptoras de votos (JRV) de la RAAS, específicamente en las circunscripciones 1, 7, 11 y 12 de la RAAS.
Esa decisión del CER fue ratificada, sin ningún sustento, por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que dio los resultados 19 días después de las elecciones, “un retraso anormal”, dice la misión de cinco expertos electorales que envió la Unión Europea (UE) para esos comicios.
El documento final, en poder de LA PRENSA, elaborado en inglés y señalado como “interno, cuya distribución no es permitida”, emitido por la misión, señala que “los puntos de vista expresados en el documento son de los consultores y no reflejan una opinión oficial de la Comisión (Europea)”.
Sin embargo, el documento es contundente. Asegura que la transparencia de las elecciones en el Caribe hay que dividirla en dos etapas “claramente distintas”: “La primera parte incluye parte de la preparación electoral y las actividades del día de la elección, que se apreciaron formalmente correctas, según los estándares internacionales y las buenas prácticas”. Aunque reconoce que la participación fue únicamente del 36.7 por ciento de los votantes.
Pero es la segunda parte, que comprende la sumatoria de los resultados a nivel municipal y regional y el sistema de impugnaciones y apelaciones, lo que resultó fraudulento.
- El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) apeló los resultados que el Consejo Electoral Regional (CER) había obtenido en las circunscripciones 1, 7, 11 y 12 de la RAAS, ya que éstos eran distintos de los que se habían presentado en las JRV el día de la votación.
En la circunscripción 7 el CER anuló la JRV 8090 porque supuestamente la junta no se había constituido en el lugar indicado y aunque el PLC presentó documentación que probaban lo contrario, los votos de esa JRV no fueron considerados si se hubieran considerado los votos de esa JRV el PLC habría ganado el tercer consejero de esa circunscripción, dice el documento.
En a circunscripción 11 el PLC pidió que se revisaran los resultados de los nueve centros de votación, ya que los liberales consideraban que la suma real daba a Yatama 145 votos menos de los que le daba el CER. Con los 145 votos Yatama, aliado del FSLN, obtuvo el tercer consejero. En esta circunscripción el documento también señala que el resultado del CER no es igual al número de votos obtenidos por todos los partidos políticos… lo que de nuevo es una inconsistencia importante.
En la circunscripción 12 donde supuestamente sin razón aparente no fueron sumados los resultados de dos JRV (la 8110 y la 8124). De haberse sumado esos votos el PLC habría obtenido 134 votos más y habría ganado el tercer consejero. En este caso también se dio la inconsistencia importante de que los resultados del CER no eran iguales a los votos obtenidos por los partidos.
[/doap_box]
“Las impugnaciones y apelaciones tienen unas regulaciones ad hoc que son muy básicas, no tienen la suficiente claridad en cuanto a los procedimientos a seguir en el caso de haber actas de resultados dañadas o alteradas y puede darse a abusos si no se implementan de buena fe”.
El informe de la misión es claro en señalar que “hay un patrón de inconsistencias en la suma realizada por el CSE que no está apoyada por los resultados anunciados públicamente en las JRV (juntas receptoras de votos) y cuyos resultados están en manos de todos los partidos”.
“PUEDE SER UN CASO DE FRAUDE”
Aunque en el relato de los hechos el informe no deja lugar a dudas, la misión es cuidadosa al momento de poner conclusiones en sus propias palabras y dice que “aunque limitado, esto puede resultar en un caso de fraude al cambiar los resultados electorales, ya que aparentemente en las cuatro circunscripciones (que reclamó el PLC) el cambio de apenas unos cuantos votos de un partido a otro es suficiente para cambiar la elección del tercer consejero a favor del partido de Gobierno o su aliado”.
“Estas inconsistencias entre los resultados a nivel de las JRV y a nivel de los CER permanecen inalteradas a la fecha (abril) y por lo tanto ponen en tela de juicio la manera en que el CSE trata el tema de las apelaciones”, ya que aunque el CSE tiene un período para estudiar las impugnaciones y fallarlas, en esta ocasión, el 26 de marzo, el CSE anunció los resultados finales y la proclama de los candidatos en el mismo acto, sin cambiar los resultados.
La misión dice que las impugnaciones estaban justificados técnicamente y “aunque era posible y justificado, el CSE no rectificó las inconsistencias evidentes entre el número total de votos válidos y el número total de votos que recibieron los partidos políticos”. Esa cifra debe ser la misma, pero no fue así, lo que es claramente “una inconsistencia importante”, establece el documento.
¿LA MARAÑA NUNCA ENGAÑA? O AL MENOS POR EL MOMENTO NO
Al final, el CSE no resolvió las impugnaciones y apelaciones y otorgó tres de los asientos al FSLN y uno a Yatama, partido indígena que mantiene una alianza con el partido gobernante. Como resultado, en la RAAS el PLC obtuvo 20 curules, el FSLN 19, Yatama 3, ALN 2 y Apre 1, lo que habría garantizado el control del Consejo Regional por parte de la Alianza FSLN-Yatama que sólo habría tenido que conquistar el apoyo de dos consejeros más para tener mayoría y así obtener el control de ambas regiones autónomas, ya que en el Norte, “donde la situación política es más clara”, el FSLN obtuvo 22 consejeros y Yatama 13, lo que no representa ninguna dificultad para controlar el Consejo y nombrar Gobernador.
Sin embargo, el gobierno de la RAAS en este momento está sumergido en una crisis, no por el fraude, sino por un error de cálculo del propio FSLN, que retiró su apoyo para Gobernador al consejero Benjamín Moreno García, quien el día en que se instaló el Consejo Regional se negó a votar por el candidato oficial de orteguismo, dando al traste con la estrategia oficialista y permitiendo que los liberales, en alianza con ALN y Apre lograran la mayoría. Sin embargo, dos semanas han pasado y esta frágil alianza no puede elegir al gobernador de la región.
LA OBSERVACIÓN ES CLAVE CON UN CSE ORTEGUISTA
En su recomendación final los expertos hacen un llamado a que la Unión Europea acepte “la invitación que ya ha sido hecha” para enviar “una Misión de Observación Electoral completa para las elecciones presidenciales y legislativas del 2011”.
La recomendación la respaldan con varias observaciones que no dejan lugar a dudas sobre lo que piensan del CSE, que debería ser un árbitro imparcial pero que en este caso demuestra un sesgo a favor del FSLN “que hace dudar de su habilidad para actuar como una institución independiente del Estado”.
“Algunos de los actos más relevantes (del CSE) no fueron del todo transparentes o fueron claramente arbitrarios, tal es el caso de las impugnaciones o el tratamiento que le dieron a la observación local”.
“Ética y Transparencia e Ipade no fueron acreditados para observar las elecciones sin que se les diera ninguna justificación clara, que no fuera el alegato de que son organizaciones políticamente sesgadas”, y aunque hace la salvedad de que estas organizaciones pudieron observar el proceso desde las afueras de las JRV, “el hecho de que no hubo observación nacional durante la sumatoria de los votos en los niveles municipales y regionales tuvo serias consecuencias, ya que fue entonces cuando la mayoría de las irregularidades sucedieron”, dice el documento.
La misión no pasó por alto señalar el problema de la cedulación, ya que por una supuesta falta de presupuesto “y aunque según la Ley de Identificación Ciudadana están a cargo de entregar las cédulas”, el CSE tuvo que cerrar sus oficinas municipales, lo que dificultó que los ciudadanos pudieran solicitar su cédula, ya que se veían obligados a viajar grandes distancias.
“Esta situación propició que los partidos políticos, esta vez esencialmente el partido de Gobierno, fuera el encargado de entregar la cédula a sus afiliados”, afirma el documento.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
