El Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, no ve ninguna ilegalidad en que una empresa privada (Albanisa) le abra una cuenta bancaria a los empleados públicos y les pague una regalía salarial, pero el experto constitucionalista, Cairo Manuel López, considera que en el país no puede seguirse violentando el Estado de Derecho de esa manera.
El argumento del vicepresidente es que no son recursos presupuestarios, sino que responden a “un acto de justicia social”.
- Coleen Littlejohn, oficial en jefe de Operaciones del Banco Mundial en Nicaragua, dijo que los fondos del organismo no se han visto afectados por la medida del bono-salarial.
Estamos esperando sus opiniones (del FMI) porque hay una división de labor, nosotros somos banco de desarrollo, el Fondo es lo que la parte macroeconómica, a nosotros lógicamente nos interesa, es muy importante, es como una base, dijo Littlejohn.
Para el 2010, el Banco Mundial tiene proyectado desembolsar a Nicaragua, a través de diferentes proyectos, alrededor de 50 ó 60 millones de dólares, que es la cartera promedio entregada anualmente.
Respecto a cómo se manejan los recursos del Gobierno, la funcionaria del Banco Mundial aseguró que no existen inconformidades.
El Gobierno es nuestra principal contraparte. Entonces tenemos una cartera bastante sana, siempre hay sus problemas, pero estamos trabajando bastante cerca, explicó.
Indicó que los fondos del Banco Mundial y su desembolso no están atados al programa con el FMI.
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El bono salarial de 529 córdobas, para más de 100 mil empleados públicos que devengan salarios menores a 5 mil 500 córdobas, fue anunciado por el presidente Daniel Ortega el 30 de abril y saldrá de los fondos de la empresa nica-venezolana Albanisa, que hace negocios con el petróleo que Venezuela da a Nicaragua como supuesta cooperación.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió negociaciones con Nicaragua, hasta que el Gobierno aclare el impacto que éste tendrá en la economía.
El vicepresidente Morales dijo estar seguro de que habrá pronto un entendimiento con el FMI, porque el país ha cumplido con mantener una “política macroeconómica estable y sana”.
El “bono solidario y cristiano”, como lo definió Ortega, será pagado por medio de una cuenta bancaria que Albanisa le abriría a cada empleado público beneficiado, incluidos miembros de la Policía y del Ejército, según confirmó el diputado y líder del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), Gustavo Porras.
Morales opinó ayer: “Yo no creo que sea un delito recibir ni otorgar un bono de reconocimiento a un funcionario, como policías y maestros, que sufren de niveles salariales casi infrahumanos, no veo dónde puede estar la violación penal… Desconozco yo las leyes que digan que eso es un cohecho, una compra o una mordida, me parece que es más una justicia social”.
CORRUPCIÓN
Sin embargo, el experto en Derecho Constitucional, Cairo Manuel López, asegura que sí existen varios delitos que cometen los funcionarios que avalan y permiten que Albanisa dé regalías a los empleados públicos.
“Se estaría validando el soborno y que el Estado lo permite, cuando es perseguido por las leyes de este país”, afirmó López, quien ve en el mecanismo de distribución un “síntoma de una posible corrupción y abre la puerta a que el día de mañana puede venir una empresa no muy legal, y comenzar a repartir dinero entre los funcionarios públicos”.
Para López, la entrega de los 520 córdobas “es parte de la campaña electoral a favor del comandante Daniel Ortega”.
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