CORRESPONSAL/RAAN
El colombiano Fernando Meléndez Paudd y el peruano Marco Antonio Gamboa Zúñiga fueron declarados culpables de los delitos de crimen organizado y trafico internacional de estupefacientes, en el juicio que se realizó este fin de semana en el Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Por su parte la colombiana Catalina del Carmen Ruiz fue declarada inocente.
Los tres enfrentaron el juicio por diversos delitos luego que una avioneta con 800 kilos de cocaína cayera el pasado 5 de diciembre de 2009 en Walpasiksa, jurisdicción del municipio de Prinzapolka, RAAN.
Tras la caída de la avioneta narco, las autoridades nicaragüenses lograron determinar que un grupo de ciudadanos extranjeros realizaban operaciones de trasiego de drogas en Walpasiksa, apoyados por los indígenas de la comunidad.
Asimismo, las investigaciones policiales encontraron que un grupo de apoyo al narcotráfico estaba asentado en Managua con diversos negocios para el lavado de dinero, el cual era dirigido por el patrón Fernando Meléndez, considerado parte del cártel de Cali, Colombia.
Los tres extranjeros fueron declarados no culpables del delito de fabricación, tenencia y uso ilegal de armas por un jurado de conciencia en Siuna.
Los 18 indígenas que fueron acusados junto a los tres extranjeros por diversos delitos, entre ellos asesinato en contra del teniente Joel Baldonado y el sargento Roberto Carlos Somarriba, fueron liberados por orden del juez Victorino Estrada Flores el pasado 15 de febrero del 2010, quien les cambio la medida cautelar de prisión preventiva.
Ninguno de los 18 indígenas compareció al juicio, por lo que fueron declarados rebeldes y se ha girado orden de captura para ellos.
Tras la emboscada en contra de la Fuerza Naval y la Policía Nacional se ejecutaron diversos operativos antidrogas en Walpasiksa y Managua, donde fueron detenidos 20 miskitos y otros tres extranjeros.
Como resultado del juicio, dos miskitos fueron condenados por lavado de dinero y condenados a 20 años de prisión en un juicio por separado, 18 están declarados rebeldes, dos extranjeros encontrados culpables y una extranjera que fue declarada no culpable.
En el debate de pena, el Ministerio Publico pidió la pena de 20 años de cárcel por el delito de trafico internacional de estupefacientes y siete años por crimen organizado, mientras la defensa pidió la mínima.
El fiscal auxiliar de la unidad de crimen organizado pidió que los bienes ocupados sean subastados y el procurador auxiliar pidió los bienes inmuebles que sean confiscados a favor del Estado de Nicaragua.
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