CORRESPONSAL/ ESTELÍ
Uno de los cuatro abogados ocotaleanos, acusados por el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho y crimen organizado, admitió los hechos y fue sentenciado a tres años de cárcel y la inhabilitación de su profesión.
Este abogado y otros tres más fueron acusados porque presuntamente se valían de medios ilícitos para sacar de la cárcel a cualquier privado de libertad.
Juan Diego Bustamante Bravo tampoco puede ejercer el sufragio pasivo, ni ser elegido en cargo público, según la sentencia dictada en audiencia especial este lunes 10 de mayo, cuando también se ordenó el decomiso de 5 mil dólares que andaba el día en que ocurrieron los hechos.
El magistrado del Tribunal de Apelaciones circunscripción Las Segovias, con sede en Estelí, David Moreno Cardoza, denunció a Bustamante cuando éste lo citó para entregarle una parte de los diez mil dólares que presuntamente habría ofrecido para que fallaran a su favor (en un caso que llevaba) y 500 mil córdobas para liberar una mercadería retenida en Aduana.
LA CAPTURA DE LOS OTROS TRES
Una vez conocida la denuncia del funcionario, el pasado 4 de marzo la Policía capturó a Bustamante cuando adentro de la camioneta del magistrado Moreno Cardoza intentara darle 4 mil de los 10 mil dólares que presuntamente le había ofrecido para que procurara la anulación del juicio en el que fueron encontrados culpables los acusados por el delito de secuestro de un productor de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.
Horas más tarde, la Policía detuvo a los abogados Ramón Gabriel Díaz, Julio González y Bernardino Chavarría por estar presuntamente involucrados en los delitos de cohecho y crimen organizado.
La fiscal Regina Montano dijo que los otros tres abogados siguen haciendo uso de prácticas dilatorias para agotar los plazos y conseguir su libertad, ya que en dos ocasiones se ha reprogramado el juicio
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Montano destacó que desde hace un año tienen documentada esa presunta forma ilícita de actuar de los abogados acusados.
Los abogados se definen como su propios defensores y no hacen el intercambio de pruebas. Ante esa situación la juez nombró a un abogado de oficio.
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