A pesar del anuncio con gran pompa hecho por el presidente Daniel Ortega, es la fecha y existe un total secretismo de cuándo y exactamente dónde recibirán el bono-regalo los empleados de las instituciones gubernamentales, Policía y Ejército. Ni siquiera los sindicatos sandinistas ni de oposición saben algo concreto al respecto.
Tanto Luis Barbosa, de la Central Sandinista de Trabajadores; José Benito Escobar (CST-JBE), como Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i), desconocen el mecanismo para darles los 529 córdobas a los 120 mil empleados públicos, a ser beneficiados con el bono-regalo.
Ortega dijo durante su discurso en el acto de celebración por el Día Internacional de los Trabajadores que “unos 120 mil trabajadores del Estado” recibirían el bono de 529 córdobas durante los próximos meses.
En el mismo discurso dio el detalle de la cifra y dijo que sólo en Educación se daría el bono a 64 mil trabajadores (36 mil maestros de primaria, 10 mil de secundaria, 15 mil alfabetizadores y tres mil de áreas de apoyo), en el área de la Salud se daría el bono a 23 mil 600 trabajadores, a 12 mil policías, a “10 mil hermanos del Ejército” y a otros 9,600 trabajadores del Gobierno central que no pertenecen a ninguna de las anteriores áreas.
Esa masa suma 119 mil 200 personas, las cuales se supone deben ganar igual o menos de 5,500 córdobas mensuales para poder gozar del “bono cristiano, socialista y solidario”.
Sin embargo, en la página web del Banco Central de Nicaragua se refleja que hasta febrero pasado se registraban 83 mil 600 trabajadores en el Gobierno central. Ahí se incluyen trabajadores de todos los rangos, no sólo los de salario igual o inferior a 5,500 córdobas.
En esa cifra no se incluye a la Policía ni al Ejército, pero se estima que en todo el territorio nacional hay unos 11 mil policías —también de todos los rangos—, y en el caso del Ejército —según datos del Presupuesto del Ministerio de Defensa— en total el cuerpo castrense está compuesto por 10,554 personas.
Tomando esos datos, el Estado en su totalidad tendría unos 105 mil trabajadores, pero eso incluiría empleados con todo tipo de salarios, no sólo los que ganan 5,500 córdobas o menos.
Un ejemplo del error en los datos ofrecidos por Ortega es que dijo que el bono beneficiaría a 23 mil 600 trabajadores de la Salud, pero en el Banco Central sólo están registrados 13,414 de ese sector.
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Tampoco saben si comenzarán a dárselos en mayo, como lo prometió Ortega, pues los empleados del Estado ya recibieron su pago mensual correspondiente a este mes. A más tardar los 10 de cada mes los empleados públicos reciben sus salarios, según confirmaron los sindicalistas consultados.
Mientras, el diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, no descarta que alcanzar un acuerdo entre Gobierno y FMI se alargue y eso estanque el programa macroeconómico.
La poca información que se ha brindado sobre las negociaciones entre el equipo económico del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que éstas no han dado mayores resultados para que el Directorio del FMI retome la cuarta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA), suscrito por Nicaragua.
LA PRENSA conoció que el FMI prefiere esperar a conocer cómo queda la nueva normativa de regulación de Ley de Tarjetas de Crédito, y luego centrarse en revisar todo lo relacionado con el famoso bono-regalo, su impacto en las proyecciones de inflación, la masa salarial y la decisión del Gobierno en sí será permanente y cómo lo financiarán en el presupuesto del 2011.
Esta movida del Ejecutivo busca que la Asamblea desista de aprobar una nueva Ley de Tarjetas de Crédito. Pero incluso, aquí privan los desaciertos de los funcionarios del Ejecutivo, pues Aguirre desmintió al asesor económico presidencial, Bayardo Arce, negando que exista un acuerdo entre las bancadas para dejar de trabajar el dictamen de dicha ley.
NI SINDICATOS SABEN
Respecto a cuándo se darán los 529 córdobas a los empleados públicos a beneficiar, el secretario de la CST-JBE, Luis Barbosa, dijo que él mismo buscaba le aclararan esa información en el Gobierno, pues lo único que le han comunicado es lo ya conocido, que será Albanisa quien se encargará de darlo.
Ante la crítica de la falta de transparencia en el manejo de los recursos de Albanisa y su vínculo con el partido sandinista, Barbosa afirma que “tocará a esa empresa dar las explicaciones a sus dueños”, aunque para él, “quien menos debe hablar de transparencia es el Fondo Monetario Internacional, porque siempre se ha negado a que se aumente el salario a los trabajadores con el cuento de que provoca inflación”.
Por su parte, Nilo Salazar, de la Confederación General de Trabajadores Independientes, cuestiona que los empleados públicos tengan que ir a recibir el bono a las oficinas de Alba Caruna u otra empresa de Albanisa.
“Nadie ha informado nada con claridad”, afirmó Salazar quien dijo que las organizaciones de la CGT-i unificarán posición para reclamar explicaciones a las instituciones gubernamentales. Además, exigirán al Gobierno que incluya el bono directamente al Presupuesto.
PELIGRA EL PROGRAMA
El diputado liberal, Francisco Aguirre Sacasa, ve muy realista la posibilidad de que se suspenda de manera indefinida la revisión del programa, “algo que sería fatal para Nicaragua”, afirma.
Superar el impasse y lograr el desembolso de los 18 millones de dólares pendientes de la cuarta revisión del programa, dependerá —según Aguirre—, de que restituya la confianza de parte del FMI a que los compromisos que se alcancen en la Carta de Intenciones se respete.
Dice que no se puede olvidar que “es mucho más importante el aval de que Nicaragua está dentro del programa con el FMI, porque hablamos de la seguridad que necesita el inversionista de que colocará su dinero en una economía de confianza”.
“Aquí hubo un golpe a la confianza mutua entre el organismo y el país, y cuánto va a durar en resolverse dependerá en gran parte de la receptividad del Gobierno a un diálogo más franco y sincero con el Fondo”, afirmó el diputado.
Sostuvo que la asignación del bono-regalo que saldrán de 500 millones de córdobas regalados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), “fue la gota que derramó el vaso”, pues asegura que las relaciones entre el Fondo y el gobierno de Ortega se vienen deteriorando desde hace rato.
El actual programa ya sufrió un desfase de año y dos meses, pues la tercera y cuarta revisión se logró hasta noviembre del 2009.
El diputado Aguirre refleja que si bien la suspensión del Directorio del FMI “se desata por la sorpresa del bono”, la relación con el Gobierno se viene deteriorando por “varios temas irritantes, como lo es la falta de transparencia de la ‘ayuda’ venezolana”.
Esta cuarta revisión entró en tensión desde marzo, cuando estando en Managua una misión del FMI evaluando el cumplimiento del Gobierno, la Asamblea aprobó la Ley de Moratoria que fija en 16 por ciento la tasa de interés para renegociar las deudas entre el Movimiento No Pago y las microfinancieras.
Con la recién aprobada normativa de regulación de la Ley de Moratoria de parte de la Superintendencia de Bancos se pretende cubrir los vacíos que los diputados dejaron, y con ello el Ejecutivo intenta cumplir parte de los pendientes con el FMI.
Sin embargo, el grupo de los No Pago se declaró en rebeldía, pues en un comunicado dado a conocer ayer, afirman que “mientras exista dicha normativa especial emitida por la Superintendencia los miembros de nuestro movimiento y deudores en general no se presentarán a renegociar sus deudas con las instituciones de microfinanzas, bancos, cooperativas, ONG, entre otros”.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
