Madrid/EFE
El juez español Baltasar Garzón pidió su traslado y una baja temporal para trabajar en la Corte Penal Internacional, como «consultor externo» de la Fiscalía de este tribunal permanente que investiga crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad.
Fuentes de la Audiencia Nacional de España informaron hoy de que fue el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, quien invitó a principios de mayo a Garzón a «asistir» a su Fiscalía por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.
El papel de esta Fiscalía del TPI es decidir qué casos analiza la Corte, investigar los crímenes y recabar las pruebas que se utilizarán en los juicios.
Esta invitación al juez más famoso de España, autor de la orden de detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y protagonista de algunas de las principales ofensivas de la Justicia española contra el terrorismo o el narcotráfico, no llega en el mejor momento, aunque podría suponerle un cierto respiro.
El juez está imputado en tres causas que le han llevado a declarar ante los tribunales, la última vez ayer, por su orden de intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los responsables de la trama de corrupción «Grtel» con sus abogados.
Las otras dos querellas abiertas contra Garzón responden, por una parte, a su decisión de investigar crímenes ocurridos durante la Guerra Civil española y el franquismo, y la segunda por los cobros presuntamente recibidos del banco de Santander para patrocinar los cursos que el magistrado impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
En cualquier caso, Garzón pidió hoy mismo al Consejo General del Poder Judicial que le declare en situación de servicios especiales, solicitud que será estudiada mañana por la Comisión Permanente de ese órgano de Gobierno de los jueces.
Antes de hacer esa petición, Garzón informó al presidente de la Audiencia Nacional, ngel Juanes, quien dio su visto bueno al traslado.
De acordarse la incorporación del magistrado al TPI, ésta sería inmediata y el juez trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo ya le comunicó que eventualmente podría desplazarse a lugares como el Congo, Uganda o Colombia, donde este tribunal tiene investigaciones abiertas.
Precisamente, Moreno Ocampo se encuentra actualmente en Kenia para intentar procesar a varios sospechosos de organizar y financiar la violencia postelectoral que causó 1.500 muertos y 400.000 desplazados en el país entre finales de 2007 y principios de 2008.
La situación de «servicios especiales» es asimilable a una excedencia, con la diferencia de que no se pierde el destino.
Estar en esa situación, señalaron fuentes del CGPJ, no implica modificación alguna en el estatus del juez, que seguirá siendo titular de su Juzgado -el Central de Instrucción número 5- y mantendrá la condición de aforado, por lo que las causas que tiene abiertas seguirán tramitándose en el Tribunal Supremo.
Estas fuentes añadieron, sin embargo, que en el caso de que en los próximos días se dicte la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, no está tan claro que el CGPJ pudiera acordar su suspensión provisional.
Esta medida cautelar está prevista para apartar del servicio activo a los magistrados encausados penalmente, pero en el caso de Garzón habría perdido ya su objeto.
La situación cambiaría nuevamente cuando finalizara el plazo de siete meses de su asesoría en el TPI y Garzón se reincorporara a la Audiencia Nacional, momento en el que, si no hubiera habido novedades en las causas que se tramitan contra él, debería ser suspendido.
