El ex presidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda, Mario Arana, sostuvo que para salvar el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno no sólo tendrá que transparentar el manejo del bono-regalo a los empleados públicos, sino que se verá obligado a someter nuevas reformas estructurales en la economía que afectarán a todos los nicaragüenses.
Arana considera que el gobierno de Daniel Ortega no la tendrá tan fácil para convencer al FMI que acepte las nuevas políticas que afectan la estabilidad del presupuesto y las proyecciones de desarrollo de la economía este año.
Se debe esperar a que el FMI imponga nuevas condiciones para evitar suspender el programa con Nicaragua.
Arana sostiene que los negociadores por Nicaragua enfrentarán una negociación difícil, pues no descarta que el Fondo en la nueva Carta de Intenciones refleje nuevas medidas, a fin de que no se vuelva a alterar la política del manejo presupuestario y la cooperación externa que se recibe, especialmente de Venezuela.
El directorio del FMI suspendió la semana pasada la cuarta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA), suscrito con Nicaragua, lo cual detuvo el desembolso de 18 millones de dólares, y con ello se retrasa la entrega de otros 18 millones de dólares más, y de 42.5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en apoyo presupuestario.
Aunque el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, intenta que el Directorio del FMI retome la discusión en mayo, el tiempo está en contra pues lo más próximo a lograr es que una misión del FMI se siente a discutir a finales del mes el informe sobre el impacto en la inflación y el presupuesto, por los 500 millones de córdobas “regalados” por Alba de Nicaragua S.A.
El ex presidente del BCN asegura que se obtendrá el respaldo del FMI hasta que esté convencido de que la propuesta del Gobierno sobre el uso del bono-salario “es congruente con lo que se busca, como es conservar la estabilidad macroeconómica, mejorar la productividad y la viabilidad de su sector externo a mediano y largo plazo”.
- La aspiración del asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, en que éste sea el último programa que Nicaragua suscriba con el FMI. Para el ex Ministro de Hacienda, Mario Arana, si bien es válida no es muy realista.
En tanto es urgente superar el retraso de la cuarta revisión con el FMI, para discutir en octubre, tal como está previsto, alargar un año más el programa, que es indispensable para que el país siga recibiendo cooperación externa, señala Arana.
Yo no recomendaría, ni creo que es una buena idea pensar, que ni ésta, ni la próxima Administración pueda darse el lujo de estar sin un programa con el FMI. Si matás la gallinita de los huevos de oro (ahora) al país lo metemos en un problema, afirma.
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Pero advirtió que el reto es mantenerse dentro de la disciplina fiscal. “No es tan fácil, pero creo que es viable llegar a un entendimiento. Es importante para el país lograrlo, porque no nos olvidemos que la recuperación de la economía global es frágil. Se ve con lo que pasa en Grecia, y lo último del jueves pasado que cayeron las bolsas de valores”, señaló.
No obstante, ve una buena señal en la publicación de la normativa de la Ley de Moratoria y que esta semana salga la de regulación de las tarjetas de crédito; otro de los compromisos con el FMI, porque “así se van aclarando las reglas del juego y se encamina el Gobierno en el sentido correcto”.
Aunque igualmente ve complicada la negociación entre Gobierno y FMI, respecto a que se siga manejando la cooperación de Venezuela a través de un presupuesto paralelo, “porque siempre el Fondo ha pedido transparencia y seguramente habrá una decisión en ese tema”.
BONO LO PAGARÁN TODOS
El ex presidente del BCN recuerda que Nicaragua vivió algo parecido en el 2005, cuando lo que se había negociado con el FMI era un incremento salarial de 10 por ciento y la Asamblea Nacional aprobó 20 por ciento de ajuste. Esto congeló el proceso de revisión ante el Directorio del FMI por un año, mientras se analizaban las implicaciones de los ajustes salariales y se replanteaba el programa.
“Lo mismo se tendrá que hacer en esta ocasión y es lo que probablemente suceda. Se tendrá que replantear la mezcla de políticas de manera que se responda a las inquietudes que, sobre el impacto macroeconómico, podría tener el FMI con respecto al bono que se ha ofrecido a sectores gubernamentales”, analiza.
Agrega que eso parte de definir exactamente lo que Antenor Rosales ha admitido; si el complemento salarial sólo durará los seis meses dichos por el presidente Daniel Ortega, o será permanente y las implicaciones para el presupuesto y su fuente de financiamiento.
La negativa de Rosales a incorporar el bono-salario al presupuesto este año, Arana la justifica diciendo que implicaría una reforma presupuestaria y aumentaría el déficit del país para sostenerlo.
Pero además —dice— agravaría el problema porque la Ley del Presupuesto manda que todos los recursos deben distribuirse en las asignaciones establecidas, como es asignar una partida, por ejemplo a la Corte Suprema y las universidades, lo cual no cumpliría el objetivo de beneficiar a los empleados sólo del Gobierno, Policía y Ejército.
Si el bono lo absorbe el Presupuesto en el 2011, ahí habrá que analizarse —según Arana— el impacto que pueda tener a nivel de la relación productividad-empleo del país en general. Pero dice que está claro que para dar el bono de manera permanente “los recursos provendrían de los ingresos fiscales”.
“Si es permanente significa que tiene que estar bien racionalizado y justificado de dónde saldrá la plata. ¿Hay capacidad para absorber esto? Sí, posiblemente saldría de los ingresos vía impuestos que están proyectados a obtenerse”, dice.
Aunque considera que el Programa Económico Financiero (PEF) en materia de ingresos tributarios a las arcas del Estado no es tan realista, porque proyecta “dar un salto de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), entre el 2010 y el 2013”, y está dependiendo de las inversiones privadas, productividad y rentabilidad que logren las empresas.
“Ese salto puede ser no tan realista, pero es lo suficientemente importante, porque hablamos entre 70 y 80 millones de dólares anuales adicionales. Si el bono está costando unos 25 millones de dólares, significa que al pasarlo al Presupuesto el próximo año se requerirá dar el doble de ese monto para cubrir a todo el Estado”, calcula.
“Aquí el tema —según Arana— es si el FMI acepta ese incremento en el techo del Presupuesto para rubros salariales. Además que todos los nicaragüenses saldremos afectados”.
“Es una situación difícil, porque el Gobierno deberá tomar decisiones serias. Lo que pienso es en la agenda de reformas estructurales para mejorar la productividad del país, que puedan compensar la presión que ejercerá el tema salarial”, dice.
“Los salarios en el país han venido creciendo por encima de la productividad y si lo mantenés en el tiempo de manera sostenida te lleva a un problema de que perdés competitividad y con ello de la oportunidad de inversiones y con ello de generación de empleos. No se puede obviar esta realidad”, afirmó.
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