Después de siete meses de haber sido agredida por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) al mando de Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”, —quien se constató trabaja en la Alcaldía de Managua— la dirigente juvenil Leonor Martínez aún recorre instancias gubernamentales en busca de justicia.
Ayer visitó nuevamente las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Ni siquiera logró ingresar, ya que le informaron que su caso finalmente fue remitido a la Fiscalía. Ahí fue imposible localizar su expediente; le pidieron dejar los datos y regresar hoy.
En este tiempo, además de sufrir estragos de la lesión física en su brazo izquierdo, que necesita otra cirugía, y las afectaciones emocionales, Leonor ha tenido que soportar la indolencia de la Policía Nacional ante el constante acoso al que la somete su agresor. “Cada miércoles y viernes ‘El Gato’ viene y se para frente a mi casa, algunas veces me ha insultado”, dijo.
“Pero cuando llamo a la Policía, dicen que ya los tenemos locos de tanto llamarlos y no hacen nada”, lamenta Leonor Martínez.
También ha sufrido la represión de algunos servidores públicos. Hace algunos días le retiraron el yeso y fue remitida al Hospital Aldo Chavarría, para recibir fisioterapia, pero le dijeron que “había una orden bajada” por el diputado Gustavo Porras que prohibía su entrada.
NIEGAN MALTRATO
José Acuña Altamirano, del Comité de Vigilancia de Atención al Paciente del centro hospitalario, dijo que no hay forma de confirmar que el incidente haya ocurrido, pero aseguró que las “diferencias ideológicas” no interfieren en la atención y que ahí Porras “no manda”. Sugirió que Leonor regrese para que reciba la atención que necesita.
Otras presiones las ha recibido en el Ministerio de Educación, donde han retrasado el trámite de certificación de los documentos que necesita para gestionar su título de Licenciada en Educación que está a punto de obtener en la Universidad Pablo Apóstol.
En otro lugar que dice haber encontrado obstáculos fue en el centro Melanía Morales, donde pretende desarrollar su trabajo monográfico. Pero la secretaria Martha Idalia Romero, que dijo desconocer el caso, asegura que siempre que cumpla los requisitos establecidos recibirá la orientación que solicita.
“BOLEO ES NORMAL”
El abogado Lulio Marenco, de la Asociación de Abogados Democráticos que se ofreció a llevar el caso de la joven, considera “anormal” que se haya trasladado el expediente sin notificar a la afectada y que en la Fiscalía no se haya podido localizar. Pero promete no desistir hasta que las autoridades den tramite a una denuncia en la que figuran nombres, direcciones y hasta fotografías de los agresores. Pero no oculta su temor de que la Fiscalía no cumpla con el plazo de veinte días establecido por ley para dar trámite al caso.
El asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, dice que “ese boleo” con los expedientes es típico en los casos en que están involucrados los grupos “paramilitares” del Gobierno. “Cuando ambas instituciones no tienen motivación de rectitud profesional e institucional, siempre surgen estas excusas… Eso evidencia la subordinación de la autoridad hacía el partido de Gobierno”, afirmó.
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