Por Gloria Picón Duarte y Arlen Cerda
El irrespeto del gobierno de Daniel Ortega a la libertad de prensa e información empeoró durante el último año en Nicaragua, donde desde el 2007 éste practica una política de secretismo hacia los medios independientes y cancela o limita la publicidad estatal a los medios o periodistas con espacios propios que le critican.
En los últimos 12 meses, Ortega continuó con su discurso confrontativo hacia los medios de comunicación, acusándolos de “colaboradores del imperio y neocolonialistas” y de difamar a su Gobierno.
Su represión avanzó con la adquisición del Canal 8 de Televisión con fondos de la cooperación venezolana que maneja fuera de presupuesto. Esta compra provocó el retiro de ese Canal de los programas de investigación y debates del periodista Carlos Fernando Chamorro, ahora en Canal 12.
Sofía Montenegro, directora ejecutiva del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), estima que la libertad de prensa está seriamente amenazada por Ortega y eso también perjudica los derechos a la información y expresión de los ciudadanos.
“En la medida en que la gente no puede decir lo que piensa y hay un proceso fuerte de autocensura, en particular en los empleados del Estado, hay un sentimiento de merma en esa libertad de expresarse, hay un proceso de censura indirecta”, dice Montenegro.
En junio del 2009 el gobierno de Ortega también canceló la licencia de operación de Radio La Ley (Sébaco) y el mes pasado suspendió las transmisiones del Canal 41, de su diputado Evertz Cárcamo.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) difundió ayer una lista de los cuarenta gobiernos Predadores de la Libertad de Prensa, en ocasión del Día Mundial de ese derecho. La lista no incluyó al de Ortega, pero sí a los de sus aliados en Cuba, Irán y Venezuela.
Montenegro asegura que “Nicaragua comparte un proyecto de visión autoritaria y represiva a la libertad de prensa y el odio jarocho que le tienen a los periodistas estos regímenes, en esa lista Nicaragua sí está a la cabeza con Ortega”.
El presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Roberto Larios, quien labora para la Corte Suprema de Justicia, cree que el problema es “la lucha ideológica” y las intenciones “de los medios de la derecha para imponer a la población su concepción sobre la verdad”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, sostiene que bajo el gobierno de Ortega se han deteriorado la libertad de prensa, información y expresión y recordó que el Cenidh ha informado de esas violaciones a organismos internacionales.
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