Ya han pasado más de tres años desde la inauguración del gobierno orteguista cuyo lema de campaña fue “de unidad y reconciliación”, el cual contrasta irónicamente con su actuación cotidiana encaminada más bien a volver a sembrar las trincheras de división que nos separaban en los años ochenta y destruir las bases de la institucionalidad democrática, que con tanto sacrificio habíamos logrado desde 1990.
Para muestra un botón: la semana pasada presenciamos sucesos lamentables que sin duda tendrán repercusiones económicas y políticas muy negativas para el país en un futuro próximo y causarán más desempleo y miseria, acercándonos cada vez más, al punto de no retorno de la violencia.
Ahora en el poder, con el Presupuesto General de la República en sus manos y sin tener que rendirle cuentas a nadie, este gobierno de “unidad y reconciliación” destina recursos millonarios a sembrar el caos, contratando turbas paramilitares para que destruyan hoteles y edificios públicos como el de la Asamblea Nacional, que tuvieron sitiado por tres días consecutivos, secuestren a los diputados para que no puedan sesionar y quemen alegremente sus vehículos.
Hemos visto cómo las instituciones del Estado contratan buses a granel, para que transporten turbas paramilitares armadas de morteros y piedras, y para que luego bloqueen las calles, en lugar de transportar pasajeros brindando un servicio público, que es la razón misma de su existencia.
Ni la movilización de los buses, ni la pólvora, ni los uniformes, ni el tiempo de los jóvenes destructores es espontáneo y gratuito: sino más bien planificado y pagado. Fueron contratados para destruir y sembrar el terror por el mismo Gobierno, con los mismos impuestos que pagamos todos los nicaragüenses que deberían de estar siendo utilizados para proyectos sociales.
Pero más que el costo de la movilización de estas turbas paramilitares que juegan a la guerra con sus morteros y piedras en contra de instalaciones turísticas y públicas, es el daño irreversible que causan a la economía, particularmente al turismo, que es una de las pocas cosas que iban bien en este país, a pesar de la crisis económica que vivimos.
Las imágenes de los turistas cargando a sus niños en sus brazos y sus maletas por una calle desértica y llena de piedras, permanecerán imborrables, aunque el ambiente de aparente normalidad vuelva a las calles y los buses vuelvan con su rutina de transportar pasajeros en lugar de uniformados paramilitares con una provisión ilimitada de morteros y piedras, como lo hicieron durante tres días seguidos la semana pasada, para impedir las sesiones de la Asamblea Nacional.
El colmo ha sido que hayan agredido al propio Vicepresidente, Jaime Morales Carazo, quien valientemente y con su característica independencia, se ha distanciado de la posición oficial del gobierno de “unidad y reconciliación nacional” que califica a estas turbas como una demostración de la “justa ira del pueblo”, y los ha calificado como lo que realmente son: “vándalos, maleantes, matoncitos, pandillas armadas de morteros, e incluso maras salvatruchas”, pero no son la expresión del pueblo.
Ningún gobierno “oligarca neoliberal” contrató para destruir, sino para construir. Ninguno necesitó contratar turbas disfrazadas de solados para manifestar la “ira popular” quemando vehículos, destruyendo edificios privados y públicos y mucho menos, para destruir a morterazos y pedradas la imagen turística del país, como un país seguro, que tanto nos ha costado levantar.
Dios quiera que en el futuro, en estos días clave para la sobrevivencia de la democracia en Nicaragua que se avecinan, prevalezca la cordura, tan escasa entre los dirigentes del Gobierno, y no volvamos a tener otra “jornada de unidad y reconciliación” como la que tuvimos la semana pasada.
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