Montesquieu señala que son bases fundamentales de la democracia el balance de poderes y la distribución de atribuciones, entre los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial —y en Nicaragua, se agrega el Poder Electoral y organismos públicos relevantes—.
El punto de partida de Montesquieu es precisamente evitar los abusos de poder. Es una experiencia de siempre, afirma, que todo aquél que está en una posición de poder siente la inclinación de abusar de él, hasta donde encuentra límites. Su recomendación para evitar ese abuso del poder es enfrentarlo consigo mismo: el poder puede frenar al poder. Por ello, la importancia del conocido “checks and balances”, los pesos y contrapesos, que se refiere a varias reglas o normas establecidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a uno de los poderes del Estado limitar al otro, de manera que no exista una concentración de poderes sólo en uno de ellos, o peor aún en una sola o en dos personas.
En Nicaragua, desde el pacto político del PLC-FSLN en el 2000 a la fecha —10 años— se ha tenido la experiencia de la bipartidarización de los Poderes del Estado, con influencia mayoritaria de uno de los partidos, que ha traído como resultado un alto deterioro en el actuar profesional de los mismos. Las encuestas y opiniones públicas persistentemente revelan desconfianza de la mayoría de la ciudadanía, en la actuación de los Poderes y organismos del Estado. Advirtiendo que el balance de poderes, los pesos y contrapesos no están funcionando de forma adecuada en el país.
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Actualmente, se viven momentos cruciales, que se pueden convertir en oportunidades de fortalecimiento para nuestra joven y frágil democracia, si existe voluntad política de los dirigentes partidarios y si quieren en particular los diputados y el presidente Ortega, actuar con vocación democrática, al elegir a: los nuevos magistrados del CSE y de la CSJ, a los nuevos miembros de la CGR y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera.
Serán buenas noticias, si los diputados ante la Asamblea Nacional toman en consideración los intereses de la nación y el sentir mayoritario de sus representados —los nicaragüenses que votaron o no por ellos—, expresado de diversas formas, en manifestaciones y concentraciones públicas a lo largo y ancho del país, declaraciones públicas de líderes empresariales, religiosos, de partidos políticos, personalidades y sectores importantes del país, que demandan que se elijan personas idóneas, capaces y profesionales en estos cargos. Serán malas noticias si se conserva el criterio de cuotas partidarias e intereses de partidos políticos en la elección de autoridades, que deberán después de impartir justicia, administrar y arbitrar elecciones, discernir sobre casos de corrupción y demás. Porque las actuaciones de las instituciones son en función de todos los habitantes del país, del bien común y no en beneficio de intereses particulares.
Por ello, es conveniente, que los diputados en la elección de estos funcionarios públicos, además de cumplir con los requisitos señalados en la Constitución, establezcan parámetros específicos al elegir, como tomar en consideración a personas, con reconocida trayectoria profesional, independientes, ajenas a cualquier interés político o partidario, con principios éticos y democráticos y alta vocación de servicio, entre otras cualidades. Así como, que la elección la realicen con una efectiva consulta con la sociedad civil y no sólo para cumplir el requisito formal.
Es sabido que jurídicamente no puede darse la reelección de magistrados ni de los otros funcionarios públicos vía decretos presidenciales, ni se pueden invocar artículos transitorios que ya no tienen vigencia en la actual Constitución, para pretender extender períodos a los mismos, como erróneamente se ha querido interpretar.
La responsabilidad constitucional de la elección adecuada de estos altos funcionarios, recae en cada uno de los diputados, así como en el Presidente de la República. De manera que: si así lo hicieren la Patria y los nicaragüenses, se lo agradecerán y compensarán por su contribución al fortalecimiento de la democracia, y si no, ¡ellos se los demandarán y desafortunadamente sería réquiem para la democracia por largo tiempo en Nicaragua!
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