CORRESPONSAL/RIVAS
Don Humberto Granados Lugo (58) se declaró como víctima del sistema judicial, a quien tiene más de dos meses de reclamarle que le devuelva su panga ocupada por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, el pasado 15 de enero.
Según Granados, su panga le fue ocupada por los agentes policiales en las costas de San Juan del Sur, cuando llegaba de un viaje turístico en las aguas que bordean a este puerto.
“A los cinco turistas les dijeron que no se preocuparan, que se podían ir, pero me afectaron la embarcación y me detuvieron a mis dos hijos, a quienes señalaron ser parte de una banda de narcos, pero eso es mentira, mi familia y yo siempre hemos vivido de nuestro trabajo, y hasta fundamos una empresa de turismo acuático que se llama Ranatours”, detalló Granados.
Agregó que la panga ocupada por la Policía la adquirió con un financiamiento hecho por el Gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro. “Fueron 2,500 dólares que nos costó ese financiamiento de la panga con su motor y sus equipos, pero de ese tiempo para acá tuve que conseguir otro motor Suzuki de 70 caballos de fuerza, el que usa actualmente y debo dos mil 500 dólares a la empresa Expomar”, comentó el afectado.
Dos hijos de Granados Lugo (Norlan Javier y Edwin Antonio) están siendo parte del proceso judicial abierto en contra de una presunta banda de narcotraficantes, donde inicialmente se presentaron 17 acusados, luego la lista se redujo a 16, y finalmente van a juicio 13 detenidos, puesto que los otros tres señalados no han sido capturados por la Policía.
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