En las delegaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ni siquiera se toman la molestia de recibir las solicitudes que hacen algunos jubilados para gestionar una pensión reducida o proporcional a las cotizaciones pagadas, bajo el argumento que la demanda les será denegada.
La denuncia la realizaron funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a donde constantemente acuden personas de la tercera edad que no completaron las 750 semanas cotizadas al INSS, durante el tiempo que fueron trabajadores activos.
Victor José Bonilla, de 73 años y con 338 semanas cotizadas al INSS, tenía la esperanza de introducir una solicitud para gestionar el pago de pensión reducida. Pero en la delegación José Benito Escobar del INSS, únicamente leyeron su carta de solicitud y le respondieron: “usted no tiene derecho a nada”, aseguró.
- A criterio de Carlos Guadamuz, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), debe orientar la fiscalización para que las personas que ya están inscritas, tengan certeza de que los patrones cumplen con las deducciones en las planillas, para evitar mayor cantidad de casos de personas de tercera edad con cuotas incompletas.
Si una persona trabaja en el sector informal no cotiza al INSS y no tendría chance de una pensión de jubilación.
[/doap_box]
“A priori te la niegan y ni siquiera te han dejado solicitarla formalmente, bajo el argumento de que no quieren crear expectativas falsas en los ciudadanos, pero eso es negar el acceso a la justicia ¿Cómo podes vos apelar o que te revisen tu caso si esa institución no la ha formalizado?” se preguntó Heydi González, funcionaria del Cenidh.
González explicó que la ley establece que si una persona tiene 250 semanas cotizadas al INSS, es beneficiario a una pensión reducida.
Pero en la delegación José Benito Escobar alegaron que, de acuerdo al artículo 55 del reglamento de la ley de Seguridad Social, Bonilla no puede acceder a la pensión de vejez porque no ingresó al seguro social a la edad de 45 años.
Según información del mismo INSS, a la fecha han recibido unas 100 mil solicitudes de pensión reducida y no les entregan “porque colapsaría el sistema”, señaló González. Pero el problema, dijo la abogada del Cenidh, es que el Estado no cuenta con otro programa de protección para personas de tercera edad como Bonilla.
El Cenidh recurrirá ante el consejo directivo del INSS, a fin de solicitar que revisen la situación de Bonilla.
JUGADA JURÍDICA
Carlos Guadamuz, funcionario del Cenidh que ha acompañado a la mayor cantidad de jubilados en este tema, refirió que el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social, establece que todo asegurado con 250 cotizaciones acumuladas y más de 60 años de edad, tiene derecho a una pensión de carácter reducida.
Pero el artículo 55 del reglamento de la Ley de Seguridad Social establece para la jubilación los 60 años y las 750 semanas de cotización.
Es por ello que Guadamuz consideró que existe un abuso del artículo 55 del reglamento de la Ley de Seguridad Social. Y sobre todo, porque un reglamento no puede denegar lo que contempla la Constitución Política y la ley.
Guadamuz mencionó que otro problema común que se presenta, es de asegurados que habiendo cumplido los 60 años, acumularon 725 semanas cotizadas. Pero el INSS les niega una pensión y los remite a que complementen con el pago del seguro facultativo.
En esta situación está por ejemplo José Ignacio Araica, de 75 años, por lo que para Guadamuz resulta injusto que a su edad Araica no reciba una pensión.
“Todos sabemos que el empleo es escaso y que existe discriminación en el acceso al empleo para las personas de la tercera edad, además que no tienen fuerza física para sostener una actividad económica”, criticó Guadamuz.
Guadamuz señaló que pese al derecho de estar protegido en su vejez, a Araica por 25 semanas que no cotizó le han negado durante 15 años una pensión, que hubiera mejorado su calidad de vida.
A los reclamantes únicamente les queda introducir una demanda en los tribunales, pero también eso representa someterlos a un proceso emocionalmente desgastante y económicamente insostenible.
Ambos funcionarios estiman que por los retrasos que existe en todo proceso judicial, significa incluso atentar contra la vida del demandante.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
