BOGOTÁ/AFP
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reclamó al gobierno de Venezuela respeto a los derechos de ocho colombianos detenidos en ese país y acusados de espionaje, a la vez que criticó la falta de respuesta a casos anteriores de muerte o arresto de sus connacionales.
En una entrevista este miércoles, Uribe se refirió a los ocho colombianos detenidos en Venezuela hace dos semanas y requirió «que se les respeten totalmente sus derechos humanos».
El presidente explicó que dos de los detenidos trabajaron hace algunos años como farmaceuta y como médico general en un dispensario del Ejército en Medellín (unos 400 km al noroeste de Bogotá), y aseguró que según sus informes no tienen ninguna otra vinculación con fuerzas del orden colombianas.
«El informe que tenemos es que estas personas están vinculadas a Venezuela, están trabajando allí y estaban adelantando actividades de turismo» cuando fueron detenidas por supuestamente tomar fotos de infraestructuras eléctricas, puentes y autopistas de varios estados en Venezuela, que las autoridades venezolanas piensan tendrían intención de «sabotaje».
Uribe precisó además que uno de los detenidos tiene doble nacionalidad colombiana y canadiense.
«Expresamos toda nuestra preocupación, que se presentará por la cancillería ante el gobierno de Venezuela, y se pedirá vigilancia a los organismos internacionales», añadió en declaraciones a la emisora ABC de Barranquilla.
Posteriomente, el ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia, indicó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vele por los detenidos.
«Vamos a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos velen porque se les dé las garantías a esos colombianos, que se les haga un debido proceso y que la comunidad internacional esté enterada minuto a minuto», dijo.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo el martes que algunos de estos ocho detenidos -que residían en Venezuela donde tenían una fábrica de helados, según sus familiares en Colombia- portaban carnets del Ejército colombiano y pidió al gobierno de Uribe aclarar si efectivamente pertenecen a esa fuerza.
En tanto, el defensor del pueblo, Volmar Pérez, aseguró que además de esos ocho colombianos, detenidos el 23 de marzo pasado, hay otros 12 de sus compatriotas que se encuentran presos en el penal de El Rodeo I desde el 19 de marzo por supuesto paramilitarismo.
Estos últimos habrían sido detenidos en una finca en el estado Miranda (centro).
Pérez pidió al gobierno que intervenga para que un niño de siete años, hijo de uno de los detenidos, pueda regresar a Colombia, al señalar que en este momento se encuentra al cuidado de una docente en Venezuela.
En sus declaraciones, Uribe evocó también la muerte en circunstancias aún no esclarecidas de ocho colombianos, un peruano y un venezolano el año pasado en el fronterizo estado Táchira.
«Todo lo que se dijo es que eran paramilitares. A la fecha no conoce el gobierno de Colombia prueba que los vincule al paramilitarismo o cómo fue la operación que produjo la muerte de ellos, si fue una operación legítima o fue una violación de derechos humanos, si fue un asesinato», dijo.
Según el ministro Valencia, ese caso también se planteará ante la CIDH.
