Sesenta y cuatro de cada cien nicaragüenses consideran que es “inconstitucional” el decreto con el que el presidente Daniel Ortega pretende que los funcionarios públicos a quienes se les vence su período permanezcan en sus cargos, más allá del tiempo establecido por la Constitución y opinan que éstos deben dejar su puesto cuando venza su mandato. Un plazo que ya se cumplió para dos magistrados electorales y seis contralores.
Sólo dos de cada diez nicaragüenses respalda el decreto de Ortega, según la encuesta más reciente de M&R Consultores.
La principal meta de Ortega es permanecer en el poder, pero la mayoría de los nicaragüenses tampoco comparte su proyecto.
En busca de su reelección, Ortega ha recurrido contra las prohibiciones constitucionales para un segundo período consecutivo y pretende que el magistrado Roberto Rivas siga a cargo del Consejo Supremo Electoral (CSE), para que éste cuente sus votos. Rivas cesará su período el primero de junio.
La sociedad civil, la empresa privada, las Iglesias católica y evangélica, coinciden en que urge el relevo en las instituciones públicas.
Por si la reelección de Rivas falla en la Asamblea —donde el FSLN no cuenta con los votos para lograrlo, pero la oposición tampoco los tiene para evitarlo— el 9 de enero reciente, Ortega emitió un decreto inconstitucional para postergar el período de Rivas y demás funcionarios públicos a quienes se les vence su mandato este año, según la Constitución.
El decreto de Ortega también “cobija” al resto de magistrados electorales, contralores y magistrados judiciales, entre otros.
El 63.9 por ciento de los encuestados opinó que “el decreto es inconstitucional y dichos funcionarios deben dejar el cargo cuando venza su período”. Sólo el 20.6 por ciento respondió que “el Presidente está facultado para hacer eso (postergar los períodos que regula la Constitución) y los funcionarios deben continuar en sus cargos”.
La encuesta se aplicó entre el 10 y 18 de marzo, a 1,600 personas entrevistadas cara a cara en sectores urbanos, semirrurales y rurales de todo el país. El margen de error es de más o menos 2.5 por ciento y el nivel de confianza del 95.5 por ciento.
Ortega argumentó su decreto diciendo que los diputados no se ponían de acuerdo para la elección de relevos. El 87.9 por ciento opinó que Ortega no debe ignorar otros poderes del Estado, como la Asamblea.
CAMBIO DEL 35% REGRESÓ A ORTEGA AL PODER
Para ser electo Presidente, la Constitución establece que el candidato deberá obtener como mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, “salvo el caso de aquéllos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar con una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales”.
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Ese artículo (147, Cn) fue una de las condiciones que facilitó el regreso de Ortega al poder. Así también lo reconoce el 58.6 por ciento de los nicaragüenses encuestados. Otra de las condiciones fue la división de la oposición, que aún persiste.
Ahora, Ortega busca contar con más garantías, como la continuidad de Rivas en el CSE.
Así, ese Poder sería el mismo que ha contado los votos desde que él regresó a la Presidencia. El mismo que no ha presentado el ocho por ciento de los resultados de las nacionales del 2006; que fue señalado por el fraude electoral cometido en al menos cuarenta de los 153 municipios que en noviembre del 2008 votaron para elegir a sus autoridades y, contra el cual persisten críticas por nuevos fraudes en los comicios regionales de la Costa Caribe, del pasado 7 de marzo.
Un 61.4 por ciento de los nicaragüenses desaprueba el trabajo de los magistrados del CSE. Sólo el 16.2 por ciento aprueba el trabajo de los mismos y un 19.4 por ciento responde a esa pregunta con indiferencia.
Pero el rechazo particular a Rivas es aún mayor. El 70.9 por ciento de los nicaragüenses se opone a que el magistrado presidente del CSE sea reelecto para un nuevo período (de cinco años), tal como propuso Ortega y la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.
Nada más el 21 por ciento de los nicaragüenses consultados está de acuerdo con que Rivas continúe en el CSE. De ese 21 por ciento, el 63.7 por ciento se identifica como simpatizantes del Frente Sandinista.
PROYECTO POR EL PODER
Ortega aceleró la búsqueda para su reelección en el 2009. En marzo de ese año concedió al periodista británico David Frost la primera entrevista desde que regresó al poder en enero del 2007. A él, Ortega le confirmó lo que la oposición advertía desde la campaña electoral del 2006: Ortega llegaba para quedarse.
La Constitución Política establece en el artículo 147, inciso a, que “no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.
Ortega, quien gobernó por primera vez a finales de la década de los ochenta, declaró a Frost que “estos obstáculos no deben existir para negarles ese derecho (a los presidentes de ser reelectos). Ahora que estamos de regreso en el Gobierno, si las condiciones lo permiten, sí volvería a correr para Presidente”.
El mandatario se creó sus condiciones en siete meses, cuando en octubre recurrió por inconstitucionalidad en contra de la misma Constitución. Y, una Sala Constitucional, integrada ilegalmente sólo por magistrados orteguistas, resolvió a favor de su recurso en tiempo récord. Tres horas después Rivas lució sonriente ante las cámaras diciendo que para el CSE lo resuelto por esa Sala “está escrito en piedra”.
El 68.1 por ciento de los nicaragüenses consultados por M&R desaprueba lo resuelto por esa Sala, contra un 21.4 por ciento que sí lo aprueba.
NO VOTARÍAN POR ÉL
Ortega ganó las presidenciales del 2006 con el 38 por ciento de los votos. Pero en la actualidad, sólo el 25.4 por ciento de los nicaragüenses asegura que votaría por Ortega si él se postula como candidato en el 2011.
El 66.5 por ciento de los encuestados respondió que no votaría por Ortega y un 8.1 por ciento prefirió no responder.
NICARAGUA ESTANCADA O EN RETROCESO
El 75.4 por ciento de los consultados valoró que en la actualidad el país está estancado (49.3 por ciento) o está retrocediendo (26.1 por ciento).
Sólo el 24.6 por ciento opinó que el país está progresando. De éste, el 65.3 por ciento se autodefinió como simpatizantes del partido de Gobierno.
La percepción de progreso es menor entre los ciudadanos que se definen como independientes. Una mayoría del 57.7 por ciento de los encuestados se declaró independiente o ajeno a cualquier partido político en particular y de ellos, sólo el 10.5 por ciento consideró que el país está progresando.
En general, el 63.9 por ciento de los nicaragüenses consideró en la encuesta que la situación política del país es negativa. Al 26.8 por ciento le parece que es regular y sólo al 7.3 por ciento le resulta positiva. Un 1.9 por ciento optó por no responder a eso.
En diciembre del año pasado, cuando se aplicó una encuesta previa de la misma firma, era el 16 por ciento el que creía que la situación del país era positiva.
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