LONDRES/ EFE
Amnistía Internacional (AI) instó ayer al Gobierno salvadoreño a revocar una ley de amnistía “que protege a los responsables de miles de desapariciones y asesinatos durante los doce años de conflicto armado, incluido el del arzobispo Óscar Arnulfo Romero”.
En un comunicado hecho público en Londres, la organización humanitaria internacional hizo al mismo tiempo un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que cooperen plenamente con los investigadores permitiendo pleno acceso a sus archivos.
“Resulta inaceptable que los responsables de miles de desapariciones, asesinatos y torturas no hayan tenido que responder aún de sus crímenes”, dijo Kerrie Howard, subdirectora para las Américas de Amnistía Internacional.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por pistoleros mientras celebraba misa en la capilla de un hospital y durante su funeral, celebrado seis días más tarde, los militares mataron a más de veinte personas, recuerda AI.
Un informe de la Comisión de la Verdad salvadoreña llegó en 1992 a la conclusión de que el mayor Roberto D’Aubuisson (fallecido) ordenó el asesinato del arzobispo a miembros de su servicio de seguridad, que actuaron como “un escuadrón de la muerte”.
En 1993, El Salvador aprobó una ley de amnistía por la que impedía procesar a los asesinos y responsables de las numerosas matanzas, denuncia Amnistía Internacional, según la cual nadie ha tenido que responder por los crímenes cometidos durante el conflicto, que se prolongó desde 1980 hasta 1992.
El Gobierno salvadoreño reconoció en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por el asesinato de monseñor Romero, pese a lo cual “no se ha tomado medida alguna para investigar lo ocurrido”, critica AI.
Muchos niños fueron asesinados, hechos desaparecer o entregados a otras personas de El Salvador o de fuera del país para su adopción con el falso pretexto de que habían sido abandonados por sus padres.
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