Los militares en retiro que fueron nombrados en cargos públicos por el presidente Daniel Ortega devengarán doble salario, pues de antemano ellos ya son beneficiados por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), cuya pensión puede oscilar entre mil 200 dólares y cinco mil dólares, en dependencia del grado.
Para el representante de la Federación de Empleados Públicos de la Central de Unificación Sindical (CUS), Álvaro Leiva, con estos nombramientos además el presidente Ortega viola la Ley de Carrera Administrativa y Servicio Civil, Ley 476, que establece que los cargos públicos deben ser licitados.
El coronel retirado Víctor Boitano asegura que en su caso como coronel devenga una pensión de mil 200 dólares, pero un general puede recibir cinco mil dólares. Además, dijo Boitano, la mayoría de éstos poseen fincas o empresas que les permite vivir holgadamente y no necesitan de un salario.
“Yo me alegro cuando un compañero del Ejército sé que tiene un empleo, más bien me preocupa que no lo tenga, como me preocupa que no lo tengan ustedes”, manifestó el viernes pasado el comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, al ser consultado sobre el tema.
“Me alegra a mí cuando un compañero tiene un trabajo porque no solamente es él, sino la familia que también tiene que ayudar”, insistió Avilés en ese momento, cuando reconoció que posiblemente la lista de 17 militares que se menciona ocupan cargos en el Estado, pueda ser de “un poquito más”.
El general Avilés señaló que una vez en la vida civil un militar retirado “responde por sus actos, son ciudadanos como ustedes, han venido preparándose en sus tiempos libres, en las noches, fines de semana, en diferentes carreras”.
Sin embargo Boitano tiene otro criterio.
“No es cierto que todos esos oficiales están capacitados, estamos capacitados para algunos cargos, pero hay unos cargos que son meramente especializados que se necesita muchos años para la vida civil, como el caso de viceministro de Educación o secretario de Educación”, manifestó Boitano.
Uno de los más recientes cargos ocupados por un ex militar fue el de secretario general del Ministerio de Educación, por el ex jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército, general en retiro Ricardo Martínez Bonilla, luego que Marlene Valdivia entregara su cargo por jubilación.
El nombramiento del citado ex militar en el Mined es el segundo que hizo Ortega durante la pasada semana, tras el nombramiento del coronel en retiro Elías Guevara como viceministro de Salud.
Sin embargo, Boitano explicó que los ex militares están preparados “para cargos que tienen que ver con actividades pesadas, en condiciones difíciles”, y menciona por ejemplo en casos de áreas protegidas, protección de grandes complejos de producción o lugares donde se necesita mucha vigilancia y mucho control.
Entre estos cargos, el coronel en retiro Boitano mencionó la Dirección de Aduanas en los sectores fronterizos, en puestos aduaneros, así como el control del espacio aéreo o marítimo. A criterio de Boitano son lugares donde se necesita realmente que la especialización militar surta un efecto “que no haya un escape de recursos”.
Boitano aconsejó que si en realidad el gobierno de Ortega busca fortalecer los servicios a la población, “que los ponga en programas sociales donde los salarios son simbólicos”.
“¿Por qué no pone por ejemplo a un general de ésos, de segundo jefe de la campaña de alfabetización? Porque no hay salarios enormes, o que vaya a cuidar bosques porque no hay recursos, o que vaya a trabajar en proyectos de demarcación de tierras de los miskitos (…) o asesoramiento técnico a los campesinos a sembrar (…) o sea en programas sociales, que necesitan de gente con vocación de servicio y con poco recursos”, sostuvo Boitano.
A criterio del militar retirado, con la integración de coroneles o generales retirados en cargos públicos, Ortega está preparando un equipo de oficiales para las próximas elecciones, pues a esas instituciones “van a llevar el secreto militar, el espionaje militar el contraespionaje militar y el ordeno y mando de Daniel Ortega y lo van a implementar a fuego y espada allí, van a comenzar a crear estructuras clandestinas (…) para favorecer los fraudes, la no rendición de cuentas”.
CARGOS SON IMPROCEDENTES
Para el representante de la Federación de Empleados Públicos de la Central de Unificación Sindical (CUS), Álvaro Leiva, el problema va más allá, “es improcedente e ilegal porque no se puede estar devengando un beneficio de una jubilación que proviene del Instituto Militar y devengar un salario del Estado de Nicaragua, quitando la oportunidad a los ciudadanos que están económicamente activos y son servidores públicos”.
Además señaló el sindicalista que estos funcionarios no fueron contratados bajo el debido proceso que establece la Ley 476, que es por medio de licitación pública.
“Los puestos en el Estado, para poder ser servidor público por medio de la carrera civil y administrativa, tienen que ser licitados públicamente, ése es el debido proceso de previsión”, insistió Leiva.
Para el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, “el Gobierno debería darle oportunidad a gente que no tiene un empleo estable (…) sabemos que hay buenos profesionales que andan en la calle porque no encuentran un empleo digno”.
Para Carmona, esto denota que Ortega “busca cómo congraciarse con algunos miembros retirados del Ejército para en algún momento contar con su lealtad. Les está comprando la lealtad”.
Según Carmona, tiene información que indica que incluso en las estructuras del Estado el Gobierno tiene laborando a muchos funcionarios del Ejército apermisados, “cosa que no debería ser así (…) si esta gente está preparada militarmente deberían servir en el área que ha sido preparada”.
Boitano estimó por su parte que si Ortega quisiera ubicar a ex militares en esos cargos, debería ofrecerle estos puestos a oficiales de menor rango que son tan capaces que a los que ha nombrado, y cuyos grados van de tenientes coroneles a tenientes que es la inmensa mayoría.
“Si quisiera el Gobierno que los militares retirados le sirvan a la nación en puestos importantes del país, no es a la cúpula militar que deberían beneficiar, (sino a) oficiales que se han sacrificado toda la vida que tienen una pensión de 100 a 150 dólares al mes, después de 28 años (de servicio)”, agrega.
Desde inicios de su gobierno en
2007, Ortega nombró al capitán retirado Roberto López Gómez como presidente del Seguro Social y como director de la Corporación de Zonas Francas al general Álvaro Baltodano, un antiguo colaborador suyo.
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