Los recursos de apelación que la semana pasada presentaron cuatro de los ocho partidos y alianzas políticas inscritos para las elecciones regionales de la Costa Caribe, ocurridas el 7 de marzo, no han sido resueltos por el Consejo Supremo Electoral (CSE), a pesar de que ayer se venció el plazo para ese proceso, según las fechas establecidas en el calendario electoral.
Alejandro Samaniego, fiscal nacional de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), confirmó ayer a LA PRENSA que el CSE no les había notificado ninguna resolución, aun cuando para hoy ya está prevista la publicación de los resultados provisionales.
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Según la Ley Electoral, el CSE publica los resultados provisionales una vez que ha resuelto los recursos de apelación de los partidos. Luego, éstos podrán presentar los recursos de revisión correspondientes para la posterior proclamación de electos, que en esta ocasión está establecida para el 1 de abril.
LA PRENSA intentó sin éxito conocer la eventual resolución de esos recursos con decenas de llamadas al director de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña; el secretario de Actuaciones, Roberto Evertz, y el vocero del CSE, Félix Navarrete. Tampoco los magistrados respondieron las llamadas y en la sede de Metrocentro, donde está instalado el Centro de Cómputo Nacional, los guardas dijeron que ahí no había nadie.
Con los recursos de apelación de los partidos están en juego al menos cuatro escaños en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y uno más en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Samaniego aseguró que además de los cuatro escaños que reclama su partido en el Sur, el viernes conocieron que el partido regional indígena Yatama está reclamando un escaño en el centro urbano de Bilwi, que en realidad le correspondería a la Alianza PLC.
El director ejecutivo del organismo de observación electoral no acreditado, Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, insistió en que de la resolución de esos recursos depende si el CSE respetó o no la voluntad popular de los ciudadanos costeños.
EyT y el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) han dicho en sus informes de observación que las elecciones del Caribe se realizaron bajo las consecuencias de las persistentes deficiencias del sistema electoral del país, sobre todo de la cedulación excluyente y partidarizada y la composición de las estructuras electorales.
Sin embargo, han dicho que las mismas no serían fraudulentas —como sí lo fueron las municipales de 2008— si el CSE resuelve los recursos de revisión con los que están en juego la asignación de varios escaños.
En el caso de la RAAS, esa asignación de escaños incluso definiría el control de las instituciones autonómicas, que en las últimas elecciones ha quedado en manos de los liberales, pero que ahora está amenazada por las posibles asignaciones de esas curules al gobernante Frente Sandinista o sus aliados.
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