Cuando se bajan de los botes langosteros, con el cuerpo tieso por el síndrome de descompresión que les afecta por haberse sumergido a grandes profundidades, empieza la verdadera tragedia de decenas de hombres que se dedican al buceo en el Caribe nicaragüense.
Es el caso de Andrés Esteban, un hombre de 31 años, quien desde hace cinco está amarrado a una silla de ruedas.
Esteban nunca recibió ayuda de la empresa para la que trabajó. Ahora limosnea en las calles de Bilwi.
Abandonados en hospitales, arrinconados en los ranchos de sus casas o mendigando en el parque y en cantinas alrededor del muelle, se encuentra a decenas de buzos.
Otros están en comunidades del llano norte o del litoral como Sandy Bay.
La Asociación de Buzos Lisiados y Activos de la Costa Atlántica (Abalca) estima en unos 400 los enfermos; sin embargo, algunos expertos creen que pueden ser más los que volvieron lisiados del mar.
En Nicaragua existe “una legislación suficiente para proteger a los buzos”, dice un estudio sobre la situación laboral de los marinos que elaboró la abogada María Luisa Acosta en el 2008. Otra cosa es que se cumpla, reconocen los expertos. Desde hace tres años, por ejemplo, la mayoría de los buzos fueron acogidos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que funciona de manera precaria. No obstante, en la práctica es una de las instancias más cuestionadas por los propios buzos.
