Una vez más, diferentes organizaciones de la sociedad civil convocan a una marcha en un momento de profunda frustración y decepción, por diversos acontecimientos políticos que están ocurriendo en el país, desde la repetición de un nuevo fraude electoral, las fisuras en los partidos de oposición en busca de una unidad que parece nunca concretarse, las actitudes cada vez más totalitarias de un gobierno que desconoce el orden constitucional y legal, legislando e interviniendo en otros poderes del Estado y afectando no sólo el Estado de Derecho, sino que también el libre comercio, la libertad de prensa y expresión, y otros derechos y garantías convertidos ahora en papel mojado.
Ante la incertidumbre y decepción de un pueblo cada día más ansioso de encontrarle solución a los problemas que nos agobian, los organismos de sociedad civil se han convertido en los interlocutores precisos, honestos y firmes ante los desatinos y abusos de los poderosos, las arrogancias de los caudillos y la soberbia de aquellos políticos que considera que la solución está en sus manos, a sabiendas de la poca credibilidad que tienen en un pueblo cansado de protagonismos inútiles y falsos.
Para los analistas modernos los organismos de sociedad civil representan a la ciudadanía individual o colectivamente y su participación en la vida pública es incuestionable y valiosa por su decidida autonomía frente al poder, incidiendo con firmeza en los principales espacios de gestión y concertación.
Por estas razones, a nivel mundial y sobre todo en países de regímenes totalitarios o incipientes en estos desviados caminos, la sociedad civil enfrenta graves amenazas que van desde la represión contra la democracia, los ataques a sus activistas y la restricción de los espacios donde funcionan, utilizando medidas a través de impedimentos jurídicos o cuasi jurídicos, tales como obstáculos de admisión y hasta dificultades para recibir recursos.
Esta situación ha obligado a organismos de sociedad civil a nivel mundial a unirse para defender y fortalecer los principios internacionales de protección y que han sido ampliamente difundidas, entre ellos el derecho de admisión, el derecho a funcionar sin intromisiones estatales, el derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación y cooperación, el derecho a buscar y obtener recursos y el deber estatal de brindar protección.
En Nicaragua el derecho de asociación está plenamente garantizado en la Constitución Política y otras leyes, como La Ley de Participación Ciudadana, La Ley de Acceso a la Información, La Ley de Juventud y otras, así como también desde hace más de medio siglo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre y otros tratados y principios que respaldan y protegen estas organizaciones.
De tal manera que basado en todas estas garantías, la sociedad civil marcha nuevamente no sólo buscando respuestas, sino soluciones utilizando esta vez como símbolo una simple escoba, pero con la suficiente fuerza para barrer, no sólo el fraude, la corrupción, los intentos de totalitarismo y todo aquel lastre que nos tiene asido al pasado y al desastre económico, sino que también barrer con los protagonismos falsos, caudillismos y oportunismos de los que pululan y sobran en la clase política.
El autor es abogado, escritor y miembro del Grupo Projusticia.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
