Guatemala/AP
Una jueza escuchó ayer las justificaciones por las cuales la fiscalía local considera oportuno que el ex presidente Alfonso Portillo sea entregado a la justicia Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero.
“Se presentan pruebas y documentos que demuestran que conspiró y participó en delitos de lavado de dinero en Estados Unidos entre 1999 y 2009… así como la orden de captura (emitida por un juzgado de Nueva York)”, indicó el auxiliar fiscal Juan Francisco Sandoval.
La posición de la fiscalía se da aun cuando Portillo enfrenta un juicio ante la justicia guatemalteca por delitos de corrupción y por el que fue extraditado desde México en el 2008.
El ex presidente, detenido desde el 26 de enero, aseguró que el proceso en su contra “tiene tintes eminentemente políticos y no se basa más que en un revanchismo” por haber impulsado acciones contra el empresariado local y en favor de los más pobres.
“Tendrían que retorcer la ley de la manera más inaudita para conceder la extradición”, consideró el ex mandatario, para quien la acción de la justicia estadounidense es una venganza por no haber respaldado la invasión a Irak.
Dijo que el ahora embajador de Estados Unidos en Guatemala, por entonces encargado de negocios, Stephen McFarland le presionó para apoyar la acción militar contra el régimen de Saddam Hussein y a comprometerse a no procesar a militares estadounidenses por acciones en el país.
No hubo respuesta de inmediato a las solicitudes de información hechas a la embajada de Estados Unidos en esta capital.
EXTRADICIÓN NO PROCEDE
El abogado de Portillo, Telésforo Guerra, aseguró que no procede extraditar a su patrocinado porque el tratado en la materia entre Guatemala y Estados Unidos no contempla el delito de lavado de activos y en la adición hecha en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción “Estados Unidos expresó una reserva a extraditar personas por ese delito”.
Además, explicó, antes de ser enviado a Nueva York debe completarse el juicio por autorizar el traslado de 16 millones de dólares a las cuentas del Ministerio de la Defensa que luego fueron embolsados por militares, que propició su extradición anterior.
La fiscalía asegura que el tratado de extradición estipula que podrá entregarse a un reo por delitos no contemplados en dicho acuerdo.
Un fiscal federal en Estados Unidos asegura que desde el 2000, el primero de sus cuatro años de gobierno de Portillo, éste se apropió de 1,5 millones de dólares donados por Taiwán; y luego conspiró con un coronel no identificado y un agente del espionaje militar para apropiarse de millones de dólares del Gobierno.
Según la acusación, endosó cheques girados en un banco de Nueva York y depositó fondos en una cuenta de Miami.
El fallo, cualquiera que éste fuera, podrá ser apelado ante una Sala de Amparos. Según la legislación local, es el presidente de la República quien, en última instancia, autoriza la extradición de un guatemalteco para que sea procesado en otro país.
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