La opción de reformar la Ley de Moratoria, para corregirle defectos legales que señalan las microfinancieras y los empresarios, parece tener poco interés entre los diputados de la Asamblea Nacional, pero el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) seguirá presionando.
Incluso, los mismos directivos de las microfinancieras ven pocas posibilidades de que la reforma se dé, apostando más a incidir en el Poder Ejecutivo para que, a través del reglamento de aplicación, se hagan las correcciones necesarias una vez que la ley esté en vigencia.
La Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) todavía conserva la esperanza de que el presidente Daniel Ortega decida vetar la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora (Ley de Moratoria).
También contemplan otros escenarios, como recurrir por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, si la ley llega a ser sancionada.
Alfredo Alaniz, director ejecutivo de Asomif, duda que exista voluntad política entre los diputados para reformar la ley, porque la moratoria tendrá una vigencia de 120 días a partir de su publicación.
Sin descartar las acciones legales, Alaniz explicó que buscan la oportunidad de incidir en la reglamentación, para aminorar al menos un poco el impacto negativo, porque es una “ley tan mal hecha que requiere de una reglamentación correctiva”.
EL REGLAMENTO
Entre los puntos principales que buscarían modificar están la suspensión de los juicios por embargos y las sanciones contra las financieras.
- Según registra la página electrónica de la Asamblea Nacional, la Ley de Moratoria le fue remitida al Presidente de la República el 9 de marzo pasado.
Según ese plazo, ya han corrido siete días hábiles (el fin de semana cuenta como un día). El tiempo que tiene Ortega se vence el 25 de marzo próximo.
Datos de Asomif reflejan una disminución de 116 mil clientes en el 2009, y estiman la pérdida de otros 100 mil en el 2010 como efecto de la reducción de la cartera de crédito para la producción.
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En el artículo 6, la ley establece que durante su período de vigencia se suspenden los juicios promovidos o por promover de las microfinancieras contra los clientes agropecuarios y comerciantes en mora, al 30 de junio del 2009. Esta suspensión es extensiva a todas las medidas prejudiciales o judiciales derivadas de los procesos de recuperación de adeudos, tales como apremio corporal, embargos, secuestros, entre otros. También las ejecuciones de sentencias que hubieren sido dictadas en los tribunales correspondientes.
Para Alaniz, este punto crea desigualdad entre las personas y viola el principio de la cosa juzgada, y además debilita el Estado de Derecho, porque manda a revertir sentencias de jueces. “Debe eliminarse o buscar la manera de modificarse”, afirmó.
En el artículo 8 establece sanciones contra las microfinancieras que incumplan lo dispuesto en la ley, ordenando que por cada caso se aplique una multa equivalente al 50 por ciento del valor del crédito otorgado, y la microfinanciera queda sujeta al proceso de suspensión definitiva de la personería jurídica.
“Ese tipo de disposiciones ponen en riesgo la existencia de las instituciones financieras, y es grave, y por tanto debe hacerse algo para que cambie”, advierte Alaniz.
En lugar de dar vigencia o reformar la Ley de Moratoria, la propuesta que Asomif lleva al presidente Daniel Ortega es retomar el acuerdo suscrito con el Movimiento de Productores y Comerciantes Asalariados (los No Pago) en el 2008, y con el Gobierno en febrero del 2010.
Bajo las mismas condiciones que establece la moratoria, en cuanto a los plazos para pagar e incluso la tasa de interés, y revisando cada caso, que se renegocien las deudas.
“Sería un acuerdo extralegislativo, daríamos solución al problema, pero eliminando esa legislación que ha provocado una reducción de los flujos de fondos, elevado los costos del dinero y el nivel de riesgo país”, afirmó Alaniz.
PROPUESTA DE REFORMA
Tras finalizar una reunión con las microfinancieras la tarde de ayer, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró que el próximo miércoles presentarán ante las distintas bancadas de la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley de Moratoria.
La reforma estaría dirigida a eliminar el artículo referido a la suspensión de los juicios ya finalizados y a restablecer, como marco de negociación, las tasas de interés estipuladas dentro de la Ley de Préstamos entre Particulares.
Aguerri aseguró que posteriormente iniciarían un proceso de cabildeo, y no descartó un acercamiento con el movimiento de los No Pago para valorar la propuesta legislativa.
Directivos de Asomif se reunieron ayer con la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), para sustentar el rechazo a esta polémica ley.
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