El juzgado penal del V Circuito del sistema judicial de Costa Rica celebrará la próxima semana una audiencia, para valorar la acusación de enriquecimiento ilícito, que pende sobre el magistrado nicaragüense Roberto Rivas Reyes, y en la que no descartan se imponga la medida cautelar del decomiso provisional de los bienes inmuebles adquiridos en ese país.
Gustavo García Prado, miembro de la Asociación de Abogados Democráticos, organización que impulsa la denuncia penal contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), comentó que la Fiscalía General de Costa Rica resolvió darle trámite y la trasladó a la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, radicando la causa en el tribunal judicial que efectuará la audiencia en los próximos días.
García Prado señaló que esperan llevar la causa hasta el final y lograr que Rivas Reyes sea declarado culpable, por el delito de enriquecimiento ilícito, el mismo que ha tenido efectos en Nicaragua y en el país vecino, donde es propietario de cuatro mansiones y vehículos de lujo.
Estos vehículos los habría introducido de manera irregular, amparado en el derecho diplomático del que goza su hermano, el embajador Harold Rivas Reyes, y de otro funcionario de esa misión nicaragüense en Costa Rica, una situación que también está bajo investigación.
“La especialidad de este hecho punible, que es el enriquecimiento ilícito que produce un lavado de dinero, por su naturaleza y por estar vinculado con la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde Nicaragua y Costa Rica son suscriptores y ratificadores de la misma, la persona denunciada tiene que probar que sus adquisiciones son lícitas; y a la fecha, ni en Nicaragua, ni en Costa Rica, el ciudadano Roberto Rivas ha probado la licitud de toda la adquisición de sus bienes”, explicó García.
La denuncia fue presentada el pasado 20 de enero en Costa Rica por García Prado, David Castellón Fornos y Lulio Marenco, quienes consideran que al contrario de Nicaragua, donde la justicia ha ignorado los señalamientos contra el magistrado electoral, en el sistema judicial de Costa Rica no podrá evadir la ley, ni tampoco ostenta inmunidad.
El número de expediente de la causa es 10000504-1042-PE, y Rivas nombró como su defensor a Gonzalo Castellón Vargas, lo que a criterio de García es improcedente porque lo hizo desde Nicaragua.
Indicó que Rivas debió estar presente para acreditar a su representación legal, pero el magistrado no ha viajado a Costa Rica desde que se presentó la acusación; y si no comparece, podrían solicitar su presencia a través de Interpol.
Para el abogado, el cardenal Obando debe aclarar por qué vendió a “su protegido” Rivas un terreno que pertenecía a la Arquidiócesis de Managua. De acuerdo a la donación, ésta era para uso de la Iglesia y Obando tenía prohibido vender bienes de la Iglesia católica.
Otros casos
Pavor a la justicia
El abogado Gustavo García cuestionó que el magistrado Roberto Rivas Reyes sea protegido por una persona que “no tiene moral”, en alusión al cardenal Miguel Obando y Bravo.
García Prado comentó que entre el sistema judicial nicaragüense y el de Costa Rica “no existe comparación”, ya que en el país vecino se respeta la Ley y el Estado de Derecho, así como las garantías procesales y constitucionales.
García cree que el magistrado Roberto Rivas tiene “pavor” de la justicia de Costa Rica.
