TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
El asesor del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, Rasel Tomé, llegó ayer a Tegucigalpa para presentarse ante los tribunales de justicia, en los que está acusado por supuesto abuso de autoridad cuando era titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“Nosotros traemos un mensaje de reconciliación nacional, traemos el mensaje de que el pueblo hondureño debe tener las condiciones para restaurar la democracia, para volver nuevamente a vivir en un Estado democrático, en un Estado de libertad y justicia”, expresó Tomé a periodistas tras llegar a la capital hondureña.
Decenas de seguidores de Zelaya esperaban a Tomé en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, para evitar una eventual captura.
Tomé, quien acompañó a Zelaya durante los cuatro meses que el ex gobernante permaneció encerrado en la Embajada de Brasil tras el golpe del 28 de junio de 2009, fue acusado por la Fiscalía General del Estado en marzo de ese mismo año por presunto “abuso de autoridad” cuando se desempeñó en la Conatel.
El ex funcionario reiteró a su regreso al país que las acusaciones en su contra obedecen a una “persecución política”.
El pasado 27 de enero Tomé, abogado de profesión, viajó con Zelaya a República Dominicana con un salvoconducto que les otorgó el nuevo Presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Tomé no precisó cuándo se presentará a la justicia, pero el juez Humberto Palacios dijo que se baraja la fecha del 23 de marzo para la audiencia preliminar.
Palacios indicó que la orden de captura, que pendía contra Rasel Tomé, fue suspendida por la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, tras una apelación de la defensa.
La semana pasada Tomé acompañó a Zelaya a Venezuela, donde el ex presidente fue nombrado por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un cargo en Petrocaribe.
Otros dos ex ministros de Zelaya, Arístides Mejía, de Defensa, y Rebeca Santos, de Finanzas, se presentaron por sorpresa hace dos semanas ante los tribunales de justicia para responder por presuntos delitos de corrupción.
El 25 de enero pasado el Parlamento de Honduras aprobó una amnistía política para todos los involucrados en la crisis política surgida antes, durante y después del 28 de junio pasado, que no favorece a los que incurrieron en delitos comunes.
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