El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, se unió al grupo de liberales que defiende las nuevas políticas penales que el presidente Daniel Ortega aún no da a conocer.
Las nuevas políticas penales han sido criticadas porque supuestamente brindan una oportunidad al presidente Daniel Ortega para tener “más” injerencia en la administración de justicia en el país.
“Existe en el artículo 415 del Código Procesal Penal (CPP), la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, este acuerdo (el de las nuevas políticas penales) sobre el cual se han hecho expectativas bastante erradas, no es más que el resultado de una de las tantas sesiones ordinarias de trabajo de la Comisión”, dijo Centeno a una radio local.
“El documento (de las nuevas políticas penales) se refiere al quehacer de cada una de las instituciones (del Estado) frente a la problemática de la crisis penal que se tiene en Nicaragua y en todo el mundo y cómo deben de comportarse las diferentes instituciones de acuerdo a su propia normativa, a su propia institucionalidad, no se le pone ni se le quita ni se le adjetiva nada más que eso”, agregó Centeno.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, defendió ayer el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y Justicia Penal que promueve el Poder Ejecutivo y al menos 11 instancias de justicia en el país y señaló que el mismo vendría a fortalecer y agilizar los procesos legales, ejerciendo la transparencia y promoviendo la integración del Estado en su conjunto.
El magistrado negó que el presidente Ortega esté violentando las leyes y queriendo pasar por encima del Poder Judicial, al promover el Acuerdo Nacional, y señaló que más bien el Ejecutivo está trabajando y asumiendo un gran papel para enfrentar la delincuencia en el país. “El fenómeno criminal se enfrenta estableciendo políticas de persecución, prevención del delito, procesamiento, condena y reeducación”, añadió.
“Es un acuerdo que elaboramos 10 instituciones de justicia penal con amplio consenso y respaldo, donde se respetan la independencia de todas las instituciones y no hay invasión de una sobre otra. El Acuerdo viene a fortalecer y agilizar en los proceso de justicia, proporciona transparencia y es un elemento integrador del Estado”, afirmó el magistrado sandinista.
Aguilar dijo que por la ausencia en el país de la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, no se presentó el Acuerdo el pasado martes. “Creo que sólo el crimen organizado es el único interesado en que este documento no se presente ni llegue a funcionar debidamente, porque el mismo vendría a dar al país estabilidad jurídica y seguridad ciudadana”.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
