EL NUEVO HERALD/EFE
“Las FARC están en una política de abstención en todo el país”, dijo el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, en la presentación de un estudio sobre los riesgos por factores de violencia para estos comicios.
La investigación fue realizada por un grupo técnico liderado por la independiente Misión de Observación Electoral (MOE) y con presencia de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Codhes, y concluyó que 420 de los 1,119 municipios del país afrontan riesgos de violencia con vistas a la jornada electoral.
Rojas dijo que, por ejemplo, en regiones del sur del país “las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han tomado la decisión de decirle a la gente que no puede votar, que quien vote va a recibir las consecuencias de sus acciones arbitrarias y de sus persecuciones contra la población civil”.
En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla activa en Colombia, no existe claridad sobre su postura, continuó el activista, quien observó que, además de los rebeldes, los comicios también están amenazados por los nuevos grupos paramilitares.
“Es decir, tenemos unas dificultades reales de orden público atribuidas a grupos armados irregulares y a la presencia misma de la Fuerza Pública, que también ha generado, con acciones como bombardeos a pueblos indígenas y demás, desplazamientos forzados que ponen en entredicho las garantías electorales”, dijo.
El director de Codhes observó que uno de los casos más críticos, sobre todo por acciones de expulsión y llegada de población, es el de Nariño, en la frontera sur con Ecuador.
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BOGOTÁ
Autoridades militares de Colombia han recibido información, principalmente de guerrilleros desertores, de que el hermano menor del jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaría manejando desde Venezuela su propia organización de tráfico de cocaína a Estados Unidos, informó El Nuevo Herald ayer citando fuentes de Inteligencia militar colombianas.
Se trata de Germán Briceño Suárez, alias “Grannobles”, hermano de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, jefe militar de las FARC, refiere la publicación.
Según el diario, las fuentes militares que pidieron no ser identificadas, la información proviene en su mayor parte de interrogatorios a guerrilleros desertores que han pedido protección militar.
El Gobierno de Colombia ofrece una recompensa de US$$2.5 millones por la cabeza de Briceño Suárez, y está pedido en extradición por Estados Unidos acusado del asesinato de tres indigenistas estadounidenses en 1999.
El lugarteniente de Briceño, Iván Darío Tobón, alias “Asdrúbal”, fue arrestado el martes en la ciudad de Armenia, centro andino del país, agrega la publicación, que citando a las mismas fuentes indica que éste se encuentra en una hacienda próxima a El Amparo, en el estado venezolano de Apure.
Aparentemente, dejó su posición en el estado mayor de un frente de guerra de las FARC para dedicarse de lleno al tráfico de cocaína, principal fuente de ingresos de la organización, cita El Nuevo Herald.
La presencia de Briceño en territorio venezolano es conocida ampliamente por el Gobierno colombiano, añade el diario, que consultó a Luis Fernando Ataya, gobernador del departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, quien les comentó el martes vía telefónica que posee “mucha información”’ sobre las actividades de Briceño en territorio venezolano, así como de cuadrillas del Ejército de Liberación Nacional.
AMPARADO
“(Briceño) vive amparado por las autoridades venezolanas”, asegura El Nuevo Herald, que afirmó Ataya. “Las autoridades de Inteligencia lo han demostrado con hechos y lo han denunciado ante el país”’.
En sus declaraciones, Ataya no mencionó tráfico de drogas. Precisó que ha recibido múltiples versiones de personas que dicen haber visto a Briceño en territorio venezolano. Ataya sostuvo que la frontera de Arauca con Venezuela “es la más abandonada que tiene el país”’ y que así se lo ha dicho al presidente Álvaro Uribe.
Briceño es reclamado en Estados Unidos bajo cargos de ordenar el 17 de febrero de 1999 el fusilamiento de los indigenistas Ingrid Washinawatok, Larry Gay Lahe y Terence Freitase, en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, cuando visitaban la aldea indígena de El Chuscal.
En 1991, Briceño fue sometido a un juicio revolucionario por haber hurtado dinero de las FARC, pero fue salvado por su hermano, ya entonces jefe militar de la organización, señala el diario.
ESPAÑA PRESIONA
El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido ayer al Gobierno de Venezuela que colabore con la justicia española en la investigación sobre la supuesta vinculación entre ETA y las FARC porque “el terrorismo es una cuestión de gravedad”. “Lo que debemos pedir al Gobierno venezolano es colaboración con la justicia. Tienen que colaborar con la justicia española”, dijo Rubalcaba.
El ministro aludía a los indicios de colaboración entre el Gobierno de Hugo Chávez con la organización terrorista ETA y las FARC recogidos en un auto del juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
