La falta de una política informativa común de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, que suelen mantener un discurso confrontativo hacia los medios de comunicación, y la necesidad de democratizar la legislación que regula a los medios son dos de los aspectos que más afectan a los medios de comunicación en América Latina.
Por tanto, aclara que la regulación del Estado a los medios es inevitable, pero debe darse bajo esquemas diferentes a los que hasta ahora existen, lo que obliga a reformar la legislación.
Aconseja que ésta debe regirse por parámetros que determinen esencialmente cuál es el objetivo de regular, qué herramientas se usarán para hacerla efectiva y quién regulará a la instancia reguladora.
Para Waisbord, en la misma medida que el Estado regula debe ser regulado, para evitar discrecionalidades comunes en el continente como son las arbitrariedades que caracterizan la distribución de la publicidad estatal y la entrega de licencias de operación.
Al referirse a la vinculación entre la propiedad de los medios y el sistema político, Waisbord estima que el peligro que se deriva de esa situación es que los partidos políticos no están interesados en promover cambios o reformas esenciales para que la regulación a los medios esté regida según principios.
“Obviamente, el tema de las reformas a leyes es un tema políticamente muy delicado y muy sensible, dada la prioridad que los medios tienen en la carrera política en un momento en que la democracia está mediatizada”.
Instó a la sociedad civil a asumir un rol protagónico en la promoción de estos cambios necesarios en la legislación que regula a los medios, para garantizar que los medios puedan continuar con su labor sin mayores obstáculos.
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Ésta es una de las conclusiones del foro El rol regulador del Estado y la función democrática de los medios radio-eléctricos, que realizó ayer la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para celebrar el Día del Periodista y a propósito de las consultas que hace la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, encargada de dictaminar las reformas que se harán a la Ley 200, de Telecomunicaciones y Servicios Postales.
Guillermo Mastrini, especialista en temas de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, dijo que un aspecto llamativo es “la nueva relación discursiva” que esos gobiernos mantienen con los medios, ya que ahora es muy común escuchar a los gobernantes desmentir las publicaciones o atacar a los medios a través de sus discursos.
También la forma en que se están apropiando de los medios, ya que no lo están haciendo por la vía tradicional, que era comprarlos con capital del Estado.
Ahora la tendencia es que se apropien de ellos a través del partido o mediante el patrimonio familiar. En Brasil lo que está ocurriendo es que una gran cantidad de diputados y senadores se están haciendo dueños de medios de comunicación, por lo que la propiedad de los medios está vinculada directamente al sistema político.
“Es una matiz interesante, porque son vías distintas a las que históricamente han manejado los gobiernos”, enfatizó Mastrini.
Considera que en medio del abanico de problemas que enfrentan, el gran desafío es construir políticas de comunicación democráticas.
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua (miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba), El Salvador, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile son países que hasta hoy han tenido gobiernos que se identifican como izquierda.
ES DERECHO HUMANO
Para Mastrini existe un importante grupo de gobiernos que se denominan de izquierda, pero tienen características tan diferentes que es preferible calificarlos como “progresistas”. Aunque carecen de una política común para relacionarse con los medios, esos gobiernos coinciden en mantener una relación “medianamente conflictiva con ellos”.
La mayoría también coincide en promover la participación del Estado en la comunicación, pero a diferencia de otras épocas en que ésta se estimulaba a través de la propiedad de los medios y en su momento provocó la creación de grandes monopolios de medios públicos. Ahora la tendencia de los gobiernos es hacerlo a través de la promoción de nuevas leyes para regularlos.
“Un fenómeno sumamente interesante se da en Ecuador y Bolivia y es la mención de la comunicación como un derecho humano en la Constitución. Es algo importante para pensar y reflexionar”, afirmó Mastrini.
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