En marzo de 1990, la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fadcanic) surgió para juntar recursos y voluntades que consoliden e impulsen la experiencia de la autonomía.
A veintidós años del régimen, Fadcanic advierte varios desafíos para consolidar esa experiencia: la ambigüedad e irrespeto al Estatuto de Autonomía o Ley 28; la corrupción y el mal manejo de los fondos regionales de parte de las autoridades de los gobiernos centrales y regionales; el poco interés en promover las inversiones en la Costa Caribe y las prácticas de los partidos políticos que fomentan la división de la población.
El historiador costeño y miembro del primer Consejo Autónomo Regional del Atlántico Sur (CRAAS, 1990 – 1994), cree que responder sobre el estado de los derechos autonómicos en la Costa Caribe puede resultar polémico porque lo que él piensa y sabe que otros costeños comparten es que “la autonomía no está llenando la mayoría de su cometido”.
El obstáculo que Sujo advierte es que “los grandes partidos políticos nacionales que mangonean el poder someten a las autoridades regionales y esos dirigentes no han podido, no han querido o no han tenido el valor de independizarse de ellos y anteponer los intereses regionales a los intereses de los partidos nacionales”.
A juicio del historiador desde la elección de los primeros gobiernos regionales comenzó una corrupción en todos los niveles de muchos de los funcionarios electos para manejar la autonomía.
“La población sabe eso: que muchos se han lucrado económicamente de la autonomía y también (sabe) de los pleitos entre los diferentes partidos políticos en el seno de la misma autonomía o de las rivalidades dentro de un mismo partido”, dice Sujo para explicar el crecimiento de abstención en las elecciones regionales, que desde 1998 supera el 55 por ciento de los electorales.
Además, señala que otra dificultad para el desarrollo de la autonomía es que “hay buenas leyes, pero parece que muchos de los dirigentes no se acuerdan de ellas, no conocen o no les interesa velar por la misma aplicación de la ley a favor de esta población multiétnica que son el seno de la autonomía”.
Sujo cita que un claro ejemplo de cómo se pasa por encima de la Ley y eso se permite desde las autoridades regionales es que en las dependencias públicas no se informa en las lenguas de uso oficial de la Costa Caribe, a pesar de que existe una ley que así lo manda.
Además, el historiador señala que “la población en general no está debidamente concientizada” sobre los derechos de la autonomía y cómo ésta puede dar solución a sus demandas.
Sujo sugiere que se desarrolle una campaña intensiva para crear conciencia entre diferentes grupos étnicos sobre qué es la autonomía, cuáles son sus objetivos y razón de ser.
“Eso no existe y todavía las masas populares, en su mayoría, están sometidas a los grandes partidos políticos y eso es lo que está perjudicando el desarrollo de la autonomía, desde el comienzo”, estima Sujo.
El historiador sostiene que “más de un dirigente ha confesado con cinismo que sigue las órdenes de Managua, de los dirigentes de sus partidos. Les falta valor cívico, moral y político para desafiar a sus partidos y dirigentes”.
“Es vergonzoso que muchos (concejales regionales) se jacten de pertenecer a tal o cual partido y tomen decisiones contra la autonomía”, reclama Sujo.
En víspera de las sextas elecciones regionales de la Costa Caribe, el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (CRAAN) es controlado por la “alianza estratégica” entre el gobernante nacional Frente Sandinista y el partido regional indígena Yatama. Mientras, en el Sur dominan los liberales, fragmentado por disidentes.
Sujo considera que lo ideal es que los concejales regionales impongan la defensa y el ejercicio de la autonomía sobre los intereses de los partidos políticos nacionales. Sin embargo, también reconoce que las excepciones de esa naturaleza no prosperan en el actual sistema.
[/doap_box]
TERCERA ENTREGA
Arlen Cerda
ENVIADA ESPECIAL/REGIONES AUTÓNOMAS
La palabra “reincorporación” cae como una gota de limón en la leche en las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. Agría cualquier conversación y no sólo entre los miskitos que hasta 1894 eran soberanos en esa región. Lo que en el Pacífico y Centro del país se enseña desde la escuela primaria como la “reincorporación de la Mosquitia”, hecha por el liberal José Santos Zelaya, ahí se recuerda como la “anexión militar” a Nicaragua.
Esa “anexión” también se resiente. Uno escucha el reclamo conversando con cualquier ciudadano costeño: un pescador que recoge sus redes del cayuco en el que salió a trabajar a las cinco de la madrugada, o de boca de un historiador regional que da cuenta de tal abandono.
“Ser parte de Nicaragua no nos ha traído nada. Vea cuánto tardaron para darnos la autonomía y ahora vienen con sus partidos. ¿Dónde hay empleos y caminos? ¿Quién nos dice qué pasa con los bosques? Vea este camino, miré como se acaba el bosque”, dice Margarita George, una ama de casa miskita de 54 años que una mañana de martes viaja de Bilwi a Waspam, en un bus desvencijado cuyo recorrido entre una y otra ciudad tarda siete horas sobre un trocha de 138 kilómetros cubiertos de un polvo fino que también le ha dañado la garganta.
Waspam es el municipio más próximo a Bilwi, la ciudad cabecera de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), que tras la anexión fue rebautizada con el nombre de Puerto Cabezas. Waspam es el municipio más próximo, pero para llegar ahí no hay ni un kilómetro pavimentado, sino un “camino de todo tiempo”, que en realidad no lo es en esta zona donde llueve todo el año.
Entre Bilwi y Waspam tampoco hay un fluido sistema de transporte, sino un único par de buses que parten de cada una de las ciudades hacia la otra a las seis y siete de la mañana y que al llegar al destino no regresan de donde salieron hasta el día siguiente a la misma hora. En bus no se puede ir y venir de una a la otra en el mismo día y cada viaje cuesta 120 córdobas.
SIN CAMINOS Y SERVICIOS Y SE AGOTAN LOS RECURSOS
Los viajes entre el resto de comunidades de las Regiones Autónomas —los que no se hacen sobre ríos o lagunas, o en pangas que el viento eleva en el mar— no son muy distintos a ese trecho entre Bilwi y Waspam.
En este territorio de 60 mil 366 kilómetros cuadrados de extensión (que es casi la mitad del país), sólo hay 80 kilómetros de carretera asfaltada, contra los casi 20 mil kilómetros que existen en el Pacífico y Centro.
Y la falta no es sólo de infraestructura y no siempre es lo que más reclaman los habitantes de municipios como Waspam, donde la mayoría de sus más de 47 mil habitantes (el noventa por ciento de ellos miskitos) usa el Río Wangky o Coco como su carretera de doble vía. Ahí es donde resienten el crecimiento del despale por el que el río pierde su caudal y deben guiñar sus cayucos o empujar las pangas en ciertos trayectos del río para completar sus viajes.
Además, el despale por el avance de la frontera agrícola y ganadera (practicada principalmente por mestizos que han emigrado a las Regiones) tiene un “efecto devastador” en la existencia y uso de los recursos naturales y amenaza la viabilidad económica, social, multicultural y política de éstas, como advertía en el 2005 el Informe de Desarrollo Humano (IDH), hecho ahí por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las concesiones para la explotación de recursos naturales siempre es un tema polémico en las Regiones, donde sus Consejos Autónomos tienen poder de veto ante cualquier cesión del Estado, pero por el control partidario que ahí predomina, muchas veces los concejales acaban “convencidos” en contra de los derechos que reclaman los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En cambio, miskitas como Marcela Davis (de Bilwi) reclaman que teniendo bosques deben comprar en dólares hasta la madera de pino para reparar sus casas y las autoridades del Instituto Nicaragüense Forestal (Inafor) los detienen y multan cuando desde las comunidades llevan un saco de carbón para vender en la ciudad.
Sobre la extracción de madera, ciertamente la legislación forestal contempla el aval del síndico o líder comunitario en los diferentes territorios para esa labor. Pero de ahí también hay críticas desde las mismas comunidades que ven esa autorización como un simple “vale” que ahora absorbe a quien antes era su líder de tiempo completo.
Otra historia similar se vive en municipios del Atlántico Norte como Prinzapolka —también de predominio miskito—, donde se ha conocido que una comunidad de ahí vende en unos seis dólares el metro cúbico de caoba, mientras el precio de exportación de esa madera preciosa es de novecientos dólares por metro cúbico. Es decir, que perciben menos del 0.6 por ciento del valor real de ese recurso, ahora también en veda.
En las labores agrícolas de las que depende el 45 por ciento de los habitantes de la Costa Caribe tampoco les va mejor.
A finales del año pasado, en la comunidad de Ulwas, ubicada a menos de una hora de camino desde Waspam, los miskitos también pierden sus cultivos porque faltan caminos o compradores para venderlos.
Argelia Waldima, una mujer miskita de 42 años y madre de seis niños, se dedica a la siembra de arroz, frijoles y yuca. El año pasado sólo logró sembrar frijoles y cosechó diez quintales, pero ninguno de ellos pudo venderlos porque cuando sembró la libra de semilla le costó quince córdobas y cuando iba a venderlos le querían pagar tres córdobas por libra y tenía que cargar cada saco de frijoles hasta Waspam.
“Yo soy bachiller. Pero aquí no hay trabajo, por eso me dedico a la siembra. Ahora estoy sembrando, pero no sé como me va a ir, porque está lloviendo mucho y la cosecha se pudre”, cuenta Waldima, mientras precisamente se refugia de la brisa que había iniciado sobre Waspam y a los tres minutos se convirtió en un aguacero de media hora, que mandó a todos a sus casas antes de las 5:30 de la tarde, en este pueblo que no tiene alumbrado público.
La presión sobre las tierras y los recursos de la Costa Caribe y la desventaja de las concesiones para la explotación de éstos mientras la demarcación de los territorios avanza con muchos tropiezos, no pasa inadvertida por la ciudadanía costeña.
En el IDH 2005, siete de cada diez costeños expresó que su producción y recursos beneficia a otros o al resto del país, pero no a sus comunidades.
Los datos más precisos sobre el avance de la frontera agrícola —que datan de 1993— revelaban que cada año se deforestan entre 125 mil y 150 mil hectáreas de bosques y a eso se suman lo hecho por los desastres naturales, como el huracán Juana de 1988 que arrasó con 250 mil hectáreas. En estos casos también el bosque se recupera rápido, pero no falta más de lo mismo y para eso llegó el huracán Félix que en septiembre del 2007 echó abajo un millón trescientas mil hectáreas, entre otros daños que afectaron a más de 198 mil personas.
RIQUEZA NATURAL VS. POBREZA EXTREMA
La geografía de la Costa Caribe permite a las Regiones contar con grandes ríos y cuencas hidrográficas que suman más de mil kilómetros cuadrados en sus principales lagunas y más de dos mil kilómetros de longitud en ríos, incluyendo el río Wangky con más de 700 kilómetros. Los costeños creen que todo ese caudal debería ser potencial para el desarrollo hidroeléctrico.
La realidad es que sólo el 22.6 por ciento de los habitantes del Atlántico Norte cuenta con energía eléctrica y sólo el 26.5 por ciento dispone del mismo en el Atlántico Sur. Un servicio por demás deficiente, donde a diferencia del resto del país los racionamientos no han cesado, sino que incrementan.
Además, el agua potable falta hasta en sus ciudades principales. En Bilwi (RAAN), el 75 por ciento de sus habitantes carece de agua potable y en Bluefields (RAAS) el 71 por ciento tampoco dispone de ese servicio.
Esa deficiencia del servicio de agua significa que unas 450 mil personas que ahí habitan no tienen agua regular en sus casas. Son casi medio millón de personas que dependen de pozos artesanales, cuya agua no debería ser apta para el consumo humano porque el 58 por ciento de las letrinas disponibles son precarias y contaminan el agua.
Quizá la manera más sencilla de relatar las desigualdades y atropellos que padece ese Caribe “reincorporado” es que a ciento dieciséis años de esa que en el Pacífico se enseña como una gesta heroica, no significa nada en un par de Regiones que cuentan con doce de los diecinueve municipios extremadamente pobres del país.
Una historia de desigualdades que es semilla en tierra fértil para los gritos de emancipación de algunos sectores. Esos que recuerdan como la antigua nación Mosquitia sobrevivió antes con las economías de enclave y los servicios prestados por las Iglesias —principalmente la morava que persiste a la fecha— mientras el Estado que los rescató de la “colonización inglesa” les ha facilitado poco o nada.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
