WASHINGTON/ EFE/ AFP
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- Venezuela es el punto de partida de la mayor parte de la cocaína que entra en Europa Occidental, consigna un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano independiente dentro del sistema de la ONU y que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas.
El creciente número de remesas de cocaína de América del Sur a países de Europa Oriental muestran la tendencia relativamente nueva de este tráfico, asegura el informe del organismo, divulgado en Viena.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el Gobierno de Venezuela “atenta” contra la democracia y los derechos humanos, pues existen “serias restricciones” al pleno goce de esas garantías en el país andino.
En su informe sobre la situación de los humanos en Venezuela, publicado ayer, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad “limitan seriamente la vigencia” de los derechos en ese país.
“En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación”, recalca la Comisión en su esperado documento, que tiene 322 páginas.
En “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el primer informe que la CIDH dedica íntegramente a este país desde 2003, el organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una actitud de “rechazo” hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de que van contra la soberanía nacional.
La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger de manera más efectiva los derechos humanos.
PUEDE SERVIR A LA OEA
El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en razón de su opinión política.
También indica que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor y hay un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, entre otros.
La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del Gobierno venezolano.
La Comisión subraya que en general los ciudadanos y organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad.
ANULAN A ALCALDE OPOSITOR
La presentación del informe de la CIDH coincide con la decisión de la justicia venezolana que ayer anuló la elección del alcalde opositor Jorge Barboza, máxima autoridad del municipio Sucre del estado Zulia (noroeste) desde 2009, alegando problemas con el pago de impuestos, en una decisión que su partido calificó este miércoles de “barbarismo jurídico”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “anuló el acta de totalización, proclamación y elección del alcalde del municipio Sucre del estado Zulia, Jorge Barboza, por problemas de solvencia con impuestos municipales”.
La decisión es resultado de una denuncia interpuesta por el ex alcalde de esa localidad, Humberto Franka, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder).
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