Sobre suelos suaves y propensos ante cualquier movimiento sísmico, donde se ubican estructuras colapsadas del terremoto de diciembre de 1972 en los escombros del viejo centro de Managua, centenares de personas siguen viviendo en condiciones infrahumanas.
“Prácticamente han pasado cinco presidentes en este país, todos han prometido lo mismo y nosotros seguimos esperando a que alguien nos tienda una mano” , cuenta Beatriz Solís, la matrona de cuatro familias que habitan en los escombros de un mismo edificio, ubicado contiguo al edificio de Telcor.
“Esto no es casa”, dice en tono resignado la señora, mientras señala los pedazos de plásticos que están por todas partes para evitar que el agua filtre y moje los pocos enseres domésticos. Igual de esparcidos están los pedazos de zinc que sirven, o eso es lo que se espera, para sostener las paredes que vienen a pique.
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Aunque aún se desconoce la cantidad exacta de personas que habitan en los edificios terremoteados de 1972, se sabe que a la fecha son más de doscientas familias las que se encuentran viviendo en grave riesgo en el viejo centro de la capital.
Sólo en el antiguo edificio Jorge Navarro, al costado oeste de Correos de Nicaragua, hay más de 300 personas; en el edificio del antiguo Laboratorio Bengoechea, en el sector situado detrás de la Cancillería de la República, hay unos doscientos habitantes y en los escombros de la antigua Farmacia Managua hay otras 150 personas que ahí viven.
Además de que los edificios están colapsados producto del terremoto de 1972, tres fallas sísmicas importantes son una amenaza constante, de acuerdo con los últimos análisis del Centro de Investigaciones Geocientíficas (Cigeo), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Los especialistas determinaron que las fallas Tiscapa, Centroamérica y Estadio causarían grave daño con sus ramales a la zona donde se ubican los destruidos edificios.
SIN ESPERANZAS EN PROYECTOS DEL GOBIERNO
Marlon Velásquez es policía y junto a su esposa, su recién nacido y su hijo de seis años, también viven en los edificios colapsados.
“He llenado siete solicitudes para aplicar a una vivienda a precio módico, yo pienso que haciendo el sacrificio y con mi salario, pues puedo pagar una casita modesta, pero nunca me han ayudado”, dice Velásquez, quien ya lleva diez años de habitar en los escombros.
La noticia de las viviendas sociales, promovidas por el Gobierno, tampoco significan una esperanza para el policía.
“Al principio todos aquí estábamos esperando que esas casas de aquí cerca (el complejo habitacional El Pueblo Presidente) fueran para nosotros. Luego dijeron que nos ayudarían con el material de construcción y nos podríamos quedar aquí mismo, luego salieron otros proyectos de casas, pero ésas no son para nosotros”, cuenta ahora Velásquez.
Hace más de un mes, el Gobierno anunció con bombos y platillos que subsidiaría los préstamos de las viviendas sociales, que serían facilitados por bancos comerciales.
Sin embargo, el ingreso promedio de la familia para acceder a este programa es de mil dólares al mes, teniendo que demostrar con documentos el soporte de los ingresos, ya sean personales o familiares.
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