Una ex fiscal que estaba asignada al departamento de Granada denunció que las autoridades del Ministerio Público le violentaron sus derechos laborales, humanos y constitucionales, porque la querían obligar a trabajar lejos de sus dos hijas menores de edad y cuando se negó, la despidieron.
La ex fiscal Michelle Geraldine Bonilla Martínez logró, mediante un proceso judicial, que el Ministerio Público tenga que pagarle alrededor de 200 mil córdobas en prestaciones sociales, pero el fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, se ha negado a pagar.
Al contrario, a inicios de febrero el Ministerio Público acusó a Bonilla Martínez por el delito de usurpación de título y funciones (usurpación de autoridad), en el Juzgado Primero Local de lo Penal de Managua, a cargo de la juez Julia Mayorga.
La juez Mayorga rechazó la acusación, porque en la fecha de los hechos acusados todavía existía un vínculo entre la acusada y el Ministerio Público.
Bonilla Martínez dijo que se siente perseguida, acosada y revictimizada por el Ministerio Público, cuyas autoridades la sacaron de un cargo al que ella llegó mediante un concurso.
Bonilla relató que ingresó a trabajar al Ministerio Público en noviembre del 2004, cuando ya era madre de una niña de dos años y medio de edad y de otra bebé de 53 días de nacida.
A Bonilla, residente de Managua, la ubicaron como fiscal en Granada, adonde viajaba diario porque debía regresar a Managua para cuidar de sus hijas.
Pero en enero del 2006 fue notificada de que sería trasladada a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), a lo cual ella se negó porque desde ese lugar no podía viajar diario a Managua. Bonilla explicó que el Ministerio Público le ofreció un boleto una vez al mes, pero en realidad se lo iban a dar cada dos meses.
Bonilla afirmó que en el Ministerio del Trabajo (Mitrab) dijeron que ella tenía derecho a negarse a dicho traslado y que en el Juzgado Primero del Trabajo de Managua determinaron que el Ministerio Público le violó el articulo 70 de la Constitución Política, el derecho a la protección de su familia por parte del Estado.
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