Diputados de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) presentaron ayer ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que propone nacionalizar la importación de petróleo crudo y sus derivados, mediante una reforma a la Ley General de Suministros de Hidrocarburos (Ley 277).
- Dirigentes de la Red Nacional para la Defensa de los Consumidores (RNDC) avalaron la propuesta que planteó el MRS, referida a la nacionalización de la importación del petróleo.
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La iniciativa de ley además plantea que todas las operaciones referidas a la importación de crudo y sus derivados deberán ser realizadas y administradas por el Estado de Nicaragua, mediante la empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), la cual deberá rendir informes trimestrales y anuales a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, referidos a todas estas operaciones comerciales.
Víctor Hugo Tinoco, diputado por el MRS, explicó que la idea que se busca con esta propuesta de ley es lograr que se bajen los costos de servicios y productos básicos, como lo son la energía eléctrica que llega a los consumidores y el gas licuado que se ocupa para cocinar.
Tinoco señaló que los altos precios de los combustibles influyen de forma directa en los costos de la canasta básica y otros productos, así como en el mismo sistema de transporte a nivel nacional, afectando la vida cotidiana de todos los ciudadanos nicaragüenses.
El diputado indicó que de enero a diciembre del 2009, la factura petrolera del país disminuyó en un 35 por ciento, en comparación al 2008, debido a un menor precio del crudo. Pero esto no influyó para que sus derivados bajaran considerablemente de precio en el mercado nacional.
La propuesta de reforma a la Ley 277, planteada por el MRS, establece que la junta directiva de Petronic deberá ser electa por la Asamblea Nacional.
Además especifica que de las ganancias obtenidas con la comercialización del petróleo y sus derivados, se destine el 50 por ciento para el subsidio de la tarifa energética del país y el gas licuado de cocinar. El otro 50 por ciento deberá ser destinado para proyectos de educación.
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