Para que los funcionarios que sean nombrados en los poderes del Estado obedezcan a los intereses supremos de la nación, en vez de estar sujetos a cumplir las órdenes que dictan los caudillos de sus partidos, las organizaciones de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) instaron otra vez ayer a los diputados a elegir entre los 19 candidatos, propuestos por esta organización, a los nuevos funcionarios públicos.
Para Carlos Tünnermann, del Movimiento por Nicaragua, el propósito de la UCD al presentar candidatos no es llegar a tener “una bancadita”, porque están “en contra de que los poderes del Estado tengan bancadas”, sino despartidizar los poderes del Estado.
Eso permitiría que las personas que lleguen a esos cargos obedezcan únicamente a la Constitución, las leyes y a su conciencia, para que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las decisiones del Consejo Supremo Electoral (CSE) o la Contraloría General de la República (CGR) no las sigan tomando en función de intereses partidarios.
“Que lleguen a esos cargos personas que no van a ser susceptibles de la influencia partidaria, a la hora de tomar decisiones, permitirá el fortalecimiento institucional y recuperar la institucionalidad democrática”, aseguró Tünnermann.
Señaló que los candidatos cumplen los requisitos de honestidad, capacidad e independencia establecidos en el acuerdo conocido como Metrocentro II. Y recordó que, según el artículo 171 de la Constitución, no pueden ser magistrados del CSE los que ejerzan cargos de elección popular, por lo que ningún diputado puede optar a esas magistraturas.
Entre los candidatos figuran reconocidos profesionales y empresarios que dicen estar conscientes que, al optar a los cargos, luchan contra un esquema de distribución de cuotas de poder establecido en el pacto del 2000 entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el hoy gobernante Frente Sandinista (FSLN).
Aurora Gurdián, propuesta para magistrada del CSE, dijo que de ser electa promovería una renovación profunda de la institución, para garantizar que los votos sean contados con honestidad.
Julio Icaza Gallard agregó que también será necesario trabajar mucho a nivel internacional, para recuperar la credibilidad que la institución ha perdido.
El economista René Vallecillo, propuesto para la CGR, indicó que en esta institución el trabajo deberá enfocarse en convertirla en una instancia beligerante, profesional y menos partidaria, para garantizar una mejor tutela de los recursos de los nicaragüenses.
La abogada María Adilia Serrano, quien opta a un cargo en la CSJ, aseguró que restablecer la seguridad jurídica y la credibilidad en el sistema judicial será una batalla ardua, pero no imposible. Ganarla, dependerá de los funcionarios que elijan.
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