El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), presentó el martes de esta semana en Nueva York su informe de 2009, en el cual dedica un documentado capítulo a Nicaragua y en general declara que el año pasado ha sido “el peor para la práctica del periodismo en el mundo”. 71 periodistas fueron asesinados en el 2009, por causas relacionadas con el ejercicio de la profesión, lo cual constituye una cifra récord. Además, 136 periodistas están encarcelados actualmente en diversos países, sobre todo Irán, Cuba y China, y uno se encuentra desaparecido.
El CPJ se define a sí mismo como “una organización apolítica, sin fines de lucro, fundada en 1981 para luchar contra abusos contra la prensa y fomentar la libertad de expresión en todo el mundo”. Fue constituido por un grupo de periodistas norteamericanos con el propósito de denunciar “el tratamiento brutal al cual eran sometidos colegas suyos por parte de gobiernos autoritarios u otros enemigos del periodismo independiente en el extranjero”. Y precisamente para mantener su independencia y capacidad de enfrentarse a los gobiernos, o cualquier otro poder que atente contra la libertad de prensa y los periodistas independientes que la practican, dicho Comité “no acepta financiamiento de ningún gobierno depende de donaciones privadas de periodistas, medios de comunicación y fundaciones independientes”.
En Nicaragua, en los últimos años por fortuna no se ha asesinado —todavía— a ningún periodista y esperamos que eso no vuelva a ocurrir jamás. Los últimos asesinatos de periodistas en el país ocurrieron en 2004. El 10 de febrero de ese año, el periodista sandinista disidente, Carlos Guadamuz, fue asesinado por un matón del FSLN, el que ahora se encuentra libre porque su partido está de nuevo en el poder. Y el 9 de noviembre del mismo año, la periodista de LA PRENSA y Diario Hoy, María José Bravo, fue asesinada en Juigalpa, Chontales, por otro matón político, pero esta vez del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Tampoco hay ningún periodista preso (todavía), aunque son muchas las presiones —incluyendo campañas difamatorias y condenas judiciales por falsas acusaciones de injurias y calumnias— a las que comunicadores independientes son sometidos por el régimen de Ortega.
En el capítulo sobre Nicaragua del informe que el CPJ divulgó el martes de esta semana, se señala que: “El gobierno de Ortega margina a los medios privados” (y que), “las autoridades emplean el acoso legal y las campañas de desprestigio contra sus críticos”. Menciona que Daniel Ortega no ha dado ninguna conferencia de prensa desde que asumió la presidencia del país y denuncia “la manipulación de la publicidad estatal para castigar a los medios críticos”. El Comité retoma además el informe especial sobre Nicaragua que emitió en julio del año pasado, bajo el título “La guerra de Daniel Ortega contra los medios”, en el cual “instó al gobierno a que asegure que los medios reciban acceso y tratamiento equitativo; a poner punto final al acoso legal y las campañas de descrédito; y a terminar con el uso de un lenguaje exaltado en contra de la prensa. La animosidad de Ortega hacia la prensa —señaló entonces el CPJ—, fue impulsada por décadas de resentimiento arraigado en el primer gobierno sandinista”.
El documento recuerda ahora que en aquel informe el CPJ mencionó como “el más flagrante ejemplo de intimidación gubernamental”, la represión contra Carlos Fernando Chamorro, quien por haber revelado “un multimillonario plan extorsivo que involucraba al Frente Sandinista con el tráfico de influencias en el poder judicial”, fue víctima de acusaciones infundadas y propaganda difamatoria vinculándolo con el narcotráfico internacional. Y replantea el informe del CPJ todas las otras presiones y represiones contra la libertad de prensa y los periodistas independientes, que el régimen de Ortega ha practicado desde que restableció plenamente su poder en enero de 2007.
La labor del CPJ —igual que la de otras organizaciones que velan por la libertad de prensa, como la SIP y Reporteros sin Fronteras— constituye un valioso respaldo moral, jurídico y mediático para los periodistas y medios de comunicación independientes que son víctimas de los regímenes autoritarios. Esos organismos brindan un cálido aliento internacional a la lucha interna por la libertad de expresión y de prensa, sin la cual no puede funcionar ninguna otra libertad como certeramente lo expresara el Director Mártir de LA PRENSA, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
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