CORRESPONSAL/LEON
La oficina de la alcaldesa sandinista Lesbia Abarca García, en el municipio de La Paz Centro, ardió ayer tras una protesta que realizaron los agremiados al sector transporte selectivo.
El incendio ocurrió a las 1:00 p.m., precisamente cuando la alcaldesa se encontraba en su despacho. La oficina quedó parcialmente quemada, tras la intervención de miembros del Benemérito Cuerpo de Bombero de León.
La alcaldesa denunció que lo ocurrido en su oficina fue un intento de asesinato.
INTENTO DE ASESINATO, DICE ALCALDESA
“Lanzaron una bomba molotov, hubo una mala intención”, dijo la funcionaria. Mientras que el representante del sector transporte selectivo, Jairo Solórzano, manifestó que no fueron ellos los que quemaron la oficina sino, según ellos, los mismos funcionarios de la comuna.
La Cooperativa 10 de Octubre R.L., La Paz Centro, representada por 30 socios, denunció que la alcaldesa y el secretario político del Frente Sandinista, Ramiro Linarte Ortiz, aprobaron arbitrariamente tres concesiones de mototaxis y se las asignaron a sus allegados.
Los transportistas también señalaron que los allegados y beneficiados, uno de ellos “es el primo de la alcaldesa y otras personas que no tienen necesidad, hoy reciben una concesión y mañana la venden”, expresaron los agremiados.
“Defendemos nuestros derechos, el incendio en una de las oficinas en la Alcaldía dependió de ellos y responsabilizamos a la Alcaldía, ellos metieron personas vagas para agredirnos”, dijo Solórzano, en representación de los transportistas.
“Las concesiones fueron otorgadas a personas que no necesitan y tienen dinero, es por eso que nosotros protestamos, las concesiones que dieron al día siguiente las andaban vendiendo en dos mil dólares”, señaló Solórzano.
“Fueron tres concesiones que la alcaldesa y el secretario político del FSLN aprobaron y exigimos que las revoquen, y se rumora que van a aprobar 12 más. Nosotros no vamos a permitir más concesiones en La Paz Centro, ellos han caído en una ilegalidad”, expresó Solórzano.
“Nosotros desde días atrás le expresamos a la alcaldesa que no queríamos problemas, estuvimos más de dos horas para negociar con ella y no llegamos a nada, porque lo que ellos dicen es lo que se tiene que hacer, creo que eso no es la manera que se buscan las soluciones”, dijo Solórzano.
“Las concesiones se las dieron al sacerdote y al sobrino de la alcaldesa, pero hay personas con más necesidades que quieren esas concesiones y no se las quieren dar, vamos a luchar hasta el fin”, dijo Solórzano.
Por su parte, Lesbia Abarca García, después de repudiar lo ocurrido en su oficina, junto con los transportistas se sentó para negociar, sin embargo, los ánimos se caldearon.
La alcaldesa negó que una de las concesiones fuera asignada a su primo. “Tenemos alrededor de 15 solicitudes de concesiones, pero hay una orientación que una concesión más no se va a entregar”, dijo Abarca.
“Estoy esperando que se bajen los ánimos, y me voy a sentar con ellos, ya que es mi deber como servidora pública, estas concesiones fueron aprobadas por el gobierno anterior (hace ás de un año)”, explicó Abarca.
“Lamento que se den actos vandálicos, todo lo que se invierte es con los impuestos de los ciudadanos, no concibo, nunca vamos a permitir el enfrentamiento con la sociedad civil”, aseguró.
Al final, la alcaldesa revocó las tres concesiones que según ella fueron aprobadas durante el Gobierno anterior.
Javier Solís, uno de los agremiados, dijo: “Es demasiado, hasta el sacerdote dicen que está metiendo mototaxis, eran 90 concesiones legalmente, ahora estamos sobrepasando a las 110 concesiones; hace diez días la alcaldesa aprobó tres concesiones, se dice que ya aprobaron seis más”.
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