CIUDAD JUÁREZ/AP
El presidente Felipe Calderón planteó el jueves pasado una nueva estrategia para recomponer social e institucionalmente esta ciudad fronteriza asolada por una creciente violencia del narcotráfico, que tras alcanzar a inocentes ha provocado reclamos de sus habitantes por la falta de resultados de las autoridades.
En una reunión con representantes de la sociedad de Ciudad Juárez, en la que incluso fue encarado por una madre que perdió a sus dos hijos en una reciente masacre, el mandatario propuso un plan con cuatro ejes para combatir la impunidad, la corrupción policial y reforzar la participación de las fuerzas federales, al tiempo de invertir en programas sociales que amplíen el acceso a la educación, salud y actividades recreativas de los jóvenes.
Calderón llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dos semanas después de una matanza de 15 personas —en su mayoría jóvenes— sin nexos con el crimen organizado, lo cual desató una ola de indignación y la exigencia social de medidas que lleven a terminar de una vez con la violencia que ha convertido a esta localidad en una de las más violentas del mundo.
Tras un encuentro con familiares de las víctimas de la matanza, el Presidente les ofreció una disculpa pública por haber afirmado días después del crimen que se había tratado de un choque entre bandas criminales rivales, lo cual fue rebatido desde el primer momento por los padres de los jóvenes.
“Cualesquiera que hubiera sido el sentido de mis palabras, les dije a aquellos padres de familia que les presentaba, que les ofrecía mis disculpas”, dijo el mandatario durante un encuentro público en el centro de convenciones de esta ciudad, donde antes de su llegada varios manifestantes que protestaban por su visita fueron dispersados por la Policía.
El plan propuesto incluye la construcción de instalaciones deportivas, más escuelas y guarderías, además de apoyos financieros para cerca de 25,000 familias que viven en pobreza, y cobertura de salud para las cerca de 300,000 personas que carecen de ella en una ciudad de unos 1.3 millones de habitantes.
También reforzará la presencia policial federal, incluidos 400 agentes que se dedicarán a labores de inteligencia.
Durante una de las intervenciones del Presidente, la señora Luz María Dávila se paró frente a él y le reclamó justicia por el asesinato de sus dos únicos hijos en la masacre del 31 de enero.
“Si a usted le hubieran matado a un hijo hubiera buscado debajo de las piedras al asesino, pero yo no tengo los recursos”, le reclamaba la mujer entre sollozos.
“Quiero que se ponga en mi lugar… haga algo por Juárez”, dijo Dávila, la madre de dos jóvenes estudiantes de 16 y 19 años.
Calderón, que prometió volver la próxima semana, dijo que asumía la parte de la responsabilidad que le correspondía por el deterioro social en la ciudad, donde las autoridades han señalado que los cárteles rivales de Juárez y Sinaloa son responsables de la violencia.
Entre los asistentes hubo una demanda de retirar de Ciudad Juárez al Ejército, que fue señalado de haber cometido desapariciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
“Si yo tuviera la certeza que retirando al Ejército mexicano se acabarían los problemas de violencia en Juárez, tengan la certeza de que lo haría, pero mi temor es que es al revés”, respondió el Presidente, que pidió la participación de autoridades y sociedad civil para reconstruir la situación que se vive en la ciudad.
Pidió a los diferentes sectores comprender que no se podrán solucionar las cosas de inmediato.
“Sé que no queremos ni una muerte más, pero este problema es mucho más grave de lo que hemos visto en cualquier lugar”, dijo el Presidente en una reunión de varias horas, en la que la gente lo interpeló una y otra vez.
Calderón prometió investigar cualquier abuso de los militares, aunque también reclamó que no se acuse sin pruebas a soldados que arriesgan su vida.
“La mayor amenaza a los derechos humanos, el mayor quebranto al Estado de Derecho no proviene del Gobierno, no proviene del Ejército, proviene del crimen organizado”, señaló.
En Ciudad Juárez, a unos 1,500 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, la violencia atribuida al crimen organizado dejó en el 2009 más de 2,500 asesinados, lo que la ha convertido en una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo.
El Gobierno desplegó hace poco más de dos años a miles de militares y policías en Ciudad Juárez para combatir a los cárteles de las drogas.
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