El desorden y la corrupción que se denuncia sobre el proceso de cedulación nacional copa por igual otras instituciones, como los juzgados y el Registro Civil de las Personas, al tiempo que promueve la emisión ilegal de otros documentos.
Eso lo sabe y sufre Élida Medal Espinoza, de 54 años, quien cuenta que en agosto del año pasado debió viajar a la ciudad de Guatemala por una dolencia en la vesícula y el colon. Medal aprovechó el acuerdo migratorio de integración que permite que ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua viajen entre estos países del istmo portando sólo su cédula de identidad.
La cédula de Medal, número 001-100756-0037V, había vencido desde el 4 de mayo de 2008 y cuando se lo señalaron en la delegación migratoria guatemalteca pensó que —aunque está extendida la vigencia del documento— le sería más cómodo contar con un pasaporte.
- El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, consideró que la Policía y la Fiscalía deberían estar actuando de oficio para investigar las denuncias por cédulas falsas.
Por otra parte, Daysi Ramírez, la joven que se prestó para que un medio de comunicación realizara una investigación en esa institución, recurrió ayer ante la CPDH, que la respaldó.
Según Ramírez, durante su colaboración con la investigación, ella observó la rapidez con que en el CSE le ofrecieron consejos de cómo podría buscar padres postizos para realizar su registro de nacimiento o solventar la falta de datos originales, entre otros trucos ilegales.
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El 26 de enero Medal fue a la oficina de Migración y Extranjería, en Managua, pero en lugar de que le extendieran un formulario para la solicitud de su documento, asegura que le mostraron que había otra Élida Medal Espinoza, con su misma dirección (que LA PRENSA omite por su seguridad), número de cédula, período de vigencia, pero con una fotografía diferente, usando desde el 2003 el pasaporte.
“Otra mujer que no soy yo tiene un pasaporte que no le pertenece, porque está usando mis datos. A mí me preguntaron si yo conocía a esa otra mujer y yo nunca la he visto. También me preguntaron que si alguna vez había perdido mi cédula y yo jamás la he perdido de vista. Pero en vez de darme una explicación me retienen mi cédula. Es decir, yo soy la perjudicada y me tratan a mí como si fuera la delincuente, que ni sé cómo esa otra persona obtuvo una cédula con mis datos”, reclamó Medal.
USURPACIÓN DE IDENTIDAD E INSEGURIDAD NACIONAL
El director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que la gravedad del caso de Medal es que hay un delito de usurpación de identidad y por eso el Cenidh le acompaña en su reclamo, que pasa también por la retención de la cédula que la desaparece como ciudadana.
Carrión agregó que la falsificación de cédulas ocurre por un desorden en diferentes áreas del sistema de registro del país.
Y es así como hay personas que obtienen cédulas de otros con su fotografía o solicitan reposición de partida de nacimiento, con las que una familia entera del extranjero puede registrarse como nicaragüenses.
Otras veces basta pagar algún soborno y entregar dos fotografías para obtener la cédula.
La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, coincidió en que estos desórdenes derivan en un problema de seguridad ciudadana, en el que si el Registro Civil de las Personas y los Juzgados fuesen estrictos y organizados no serían tantos los casos de falsificación de documentos.
“Después el padrón electoral es el resultado de información de cédula de identidad y la debilidad es del propio Consejo, que desafortunadamente no está cumpliendo con su tarea y funciones. Así es que se beneficia al narcotráfico y otros delitos y se atenta contra el sistema, porque ya no nos van a creer los documentos que portamos los nicaragüenses”, advirtió Zelaya.
Carrión y Zelaya reconocieron que el problema con la cedulación en el país trasciende del perjuicio electoral y sostienen que el CSE debe ser beligerante en el control del proceso y la solicitud de investigaciones de todos los casos denunciados.
La existencia de cédulas en manos de extranjeros vinculados con el crimen organizado debe ser un problema de “soberanía” y de seguridad para los nicaragüenses y por tanto investigado de oficio por las autoridades correspondientes, según coincidieron también defensores de derechos humanos y de mujeres.
Para la activista del Movimiento Autónomo de Mujeres Azalea Solís, estas situaciones revelan el nivel de penetración del crimen organizado para la trata de personas en las instituciones del Estado.
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