CARACAS/EFE y EL UNIVERSAL
Un diputado venezolano ex aliado del presidente del país, Hugo Chávez, y ahora furibundo detractor, pidió ayer formalmente a la Fiscalía General de la República iniciar un juicio penal contra el gobernante por “traición a la patria”.
El diputado Ismael García, dirigente del partido Podemos y quien recientemente abandonó la alianza partidista pro Chávez, denunció ante la Fiscalía la instalación en Cuba de una planta termoeléctrica para generar 175 megavatios, supuestamente costeada por Venezuela.
Eso “sería suficiente”, dijo a los periodistas, para cubrir las necesidades energéticas de unos 6 millones de venezolanos, poco menos de un cuarto de la población nacional de 28 millones.
Esta planta tuvo un coste de 99 millones de euros y la operación debió contar con la expresa autorización de la unicameral Asamblea Nacional, lo que no sucedió, aseguró el legislador.
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“El artículo 138 establece que aquellos funcionarios que hacen uso del poder del Estado en contrato con otros países de la tierra, que actuara de esta manera y como quiera que se trata de un problema de Estado y de un problema de seguridad nacional, estamos solicitando que se aperture un juicio por traición a la Patria con todos los elementos y requerimientos porque se trata de traicionar la voluntad de los pobres de este país”, aseveró.
Explicó que “el Gobierno hizo una inversión de 99 millones de euros, casi 350 millones de bolívares para resolver los problemas de la luz en Cuba y este contrato nunca pasó por la Asamblea Nacional y tampoco está establecido en el Banco de Desarrollo (Bandes) porque hicimos una investigación exhaustiva”.
Gracias a esa planta, remarcó García, “Cuba resolverá su problema eléctrico de los próximos diez años”, en tanto que en Venezuela no se hicieron las inversiones necesarias para evitar un colapso que el Gobierno de Chávez ha advertido será inevitable si no se cumple un plan nacional de racionamiento en vigor este año.
Asimismo, solicitó una investigación penal y un juicio por traición a la Patria contra el tesorero Alejandro Andrade y Luis Arias, apegado a los artículos 52 y 58 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 138.
Venezuela atraviesa una grave crisis eléctrica que ha obligado al Gobierno a aplicar apagones programados en casi todo el país y a decretar una situación de “emergencia”, lo que, entre otras cosas, le permitirá traspasar recursos inicialmente destinados a otros sectores.
El Ejecutivo del presidente Chávez también decretó la obligación de ahorrar un 20 por ciento del consumo a los medianos y grandes consumidores públicos y privados.
Ello, so pena de la aplicación de castigos, como pagar hasta un 200 por ciento más de la factura si se aumenta el gasto eléctrico residencial, y descuentos de hasta 50 por ciento por bajar el consumo un 20 por ciento.
Aunque se ha agudizado en los últimos meses, la crisis eléctrica azota a Venezuela desde mediados del 2007 con cortes del servicio que se repiten diariamente en algunas regiones del país.
El Gobierno atribuye la situación a la fuerte sequía que afecta al país suramericano, la peor en 45 años, según datos oficiales.
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