BUENOS AIRES/AFP
El ministerio Público Fiscal pidió este miércoles 25 años de prisión para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, y otros dos generales retirados acusados por delitos de lesa humanidad durante el régimen militar (1976-83), informó una fuente judicial.
La fiscalía reclamó esa pena para Bignone y los generales retirados Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo (30 km al noroeste), uno de los mayores centros de tortura y exterminio de la dictadura, informó el Centro de Información Judicial.
Durante el juicio oral que se lleva a cabo por los crímenes perpetrados en ese campo de concentración, la fiscalía solicitó además penas de entre dos y 20 años para otros tres militares y un comisario policial.
En la primera jornada de los alegatos, el 4 de febrero, el Estado había pedido igual condena para Bignone, quien entre 1976 y 1978 se desempeñó al frente de esa unidad de batalla del Ejército donde funcionaba el centro de exterminio.
Todos ellos son juzgados por 56 casos de violaciones a los derechos humanos, aunque por ese centro se estima que estuvieron alojados unos 4.000 opositores al régimen, la mayoría desaparecidos.
Bignone, de 81 años y bajo arresto domiciliario, asumió la presidencia de facto en julio de 1982, en la agonía del régimen militar, tras perder la guerra de las Islas Malvinas contra el Reino Unido en el Atlántico sur.
El acusado fue quien entregó la presidencia en diciembre de 1983 al socialdemócrata Raúl Alfonsín (1983-89), elegido en las urnas.
Unas 30 mil personas fueron desaparecidas durante el régimen militar, según entidades humanitarias.
