Por Martha Solano Martínez.- El Frente Sandinista domina ya casi el 90 ciento de los juzgados de todo el país. Los liberales, con quienes comparten cuotas de poder en todas las instituciones del Estado, han ido perdiendo cancha como consecuencia de una estrategia que los rojinegros comenzaron a implementar a inicios de la década de los noventa, poco después que perdieron el poder.
En un análisis publicado por Domingo, se explica cómo el FSLN, que recién entregaba la Presidencia a Violeta Barrios, comenzó temprano a preparar judicialmente a sus militantes, muchos de ellos provenientes de la Dirección General de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.
A través de cursos sabatinos o llamados “por encuentros”, que según algunos académicos resultan demasiado débiles, los cuadros sandinistas pasaron sorprendentemente a ocupar cargos de jueces aún siendo estudiantes de Derecho y sin ninguna experiencia como litigantes, algo que era permitido por la ley en esos años.
Ahora, a pesar de que existe una Ley de Carrera Judicial y una Escuela Judicial, “se ha confundido la lealtad política con los intereses de la justicia”, reconoce el doctor Alfonso Dávila Barbosa, en la entrevista central de Domingo.
Dávila Barbosa, veterano jurista, fue juez y magistrado durante más de 20 años y cuenta que su camino a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia se vio truncado al negarse a aceptar una militancia partidaria que le asegurara el puesto.
El Poder Judicial de Nicaragua es “una cosa vergonzosa”, comenta el ex magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua. “Las prebendas que disfrutan los magistrados de la Suprema los vuelven fácil de convencer para tomar decisiones que les convengan a sus padrinos”.
Y los padrinos, desde el pacto Alemán-Ortega en 1998, fueron colocando a sus fieles en puestos estratégicos dentro del cuerpo judicial. Aunque la Ley Carrera Judicial y su normativa mandan a concurso para cualquier nuevo nombramiento, en la práctica el FSLN lo que ha hecho es mover las fichas, alcanzando así una mayoría de casi el 90 por ciento de entre los 337 jueces propietarios del país.
