La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) resolvió ayer reabrir dos causas en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, de las cuales había sido sobreseído definitivamente.
La primera, por el caso del “narcojet”, de la cual había sido sobreseído definitivamente junto a Marco Aurelio Sánchez. La segunda causa es por el caso en perjuicio de la Administración Pública de Nicaragua, conocido como el de “las vaquillas” del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), del cual también había sido sobreseído junto a Eduardo Mena, en el 2006, por el Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua.
Edgard Solórzano, vocero del TAM, argumentó que la reapertura de los casos ocurre en vista de que con la Ley 715, de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal, publicada en La Gaceta del 23 de diciembre de 2009, establece que los procesos penales que se continúan tramitando deberán ser resueltos en los plazos establecidos por la presente ley, de 60 días, a partir de su vigencia.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, José Pallais, consideró que los magistrados de esa sala, al reabrir las dos causas en contra de Alemán, estarían actuando “contra ley expresa”, porque estarían fallando en contra de la Ley 715.
Los miembros que integraron sala en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), son los magistrados orteguistas Gerardo Rodríguez (en sustitución de Ángela Dávila), Ileana Pérez y Martha Quezada.
- Las “cadenas” del Poder Judicial y del Ministerio Público que sonaron ayer en contra del ex mandatario Arnoldo Alemán (al revivirle dos juicios) y el diputado Eduardo Montealegre (quien enfrenta un proceso de desafuero en el parlamento) coinciden con las negociaciones para elegir a 25 altos cargos en el Estado y un proceso de unidad entre los liberales.
“El dictador (Ortega) cree que violentando la Constitución va a presionar, (pero) Alemán y el partido (PLC) están firmes, de que aquí vamos a cumplir con (los acuerdos de) Metrocentro, punto. Le guste o no le guste al dictador”, dijo Alemán.
“Hay acciones de parte del Gobierno a través de otras instituciones, que están tratando de minar este impulso de la unidad liberal y están tratando de presionar de una manera inmoral y chantajista las decisiones que se deben tomar libremente para la escogencia de funcionarios”, añadió el jefe de la BDN, Adolfo Martínez Cole.
El fiscal orteguista, Armando Juárez, entregó ayer una notificación al parlamento, diciendo que la Junta Directiva tiene 72 horas para tramitar una solicitud de desafuero en contra de Montealegre. Juárez amenazó que si el parlamento no da respuesta, el Ministerio Público tomará otras acciones legales, como ampararse.
De la elección de diez magistrados electorales y cuatro judiciales, así como de ocho contralores, dependen muchas decisiones trascendentales, como la transparencia de las futuras elecciones, la vigencia de una ilegal sentencia reeleccionista y el uso de los fondos públicos por parte del Gobierno.
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Para Pallais, quien preside la legislativa Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la cual se encargó de dictaminar la Ley 715, de reabrirse ambas causas en contra de Alemán, las autoridades estarían cometiendo prevaricato, dado que el artículo cuatro de la misma establece que no se puede hacer reformas de lo que ya dictaminó el tribunal de primera instancia, en este caso el Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua.
“Es el principio que estaba en el Código Procesal Penal (…) que es (que) en las apelaciones no puede fallarse en contra de lo que ya aprobó en beneficio del procesado el tribunal de primera instancia. Es un fallo totalmente nulo (…), hay prevaricato de la autoridad judicial que dictó esa resolución”, sostuvo el parlamentario.
Además, recordó Pallais, ambas causas habían prescrito.
“Aquí Daniel Ortega está disparando con pólvora tapada sin posibilidad de eficacia jurídica (…) una burda manipulación política”, sostuvo Pallais.
NUNCA FUERON INVESTIGADOS, ALEGAN
El vocero del TAM dijo que en ambos casos había recursos interpuestos por la Procuraduría Auxiliar Penal, que apeló la sentencia de primera instancia, pues éstos nunca pudieron ser sobreseídos e investigados, debido a que estaban amparados en su inmunidad parlamentaria.
El caso sobre exoneración ilegítima e internación del Lear Jet, donde los acusados eran Arnoldo Alemán, Marco Aurelio Sánchez y Edgard Donald Quintana Romero, fue recibido en el Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua en el 2002 y el 9 de marzo del 2006 se dictó sentencia, sobreseyendo definitivamente a Sánchez y por prescripción de la acción penal se sobreseyó definitivamente a Alemán y a Quintana, por los mismos delitos.
Solórzano, quien leyó la resolución, recordó que la Procuraduría Auxiliar Penal presentó sus agravios, en donde decía que “por condición de procedibilidad, ya que dado que ellos eran inmunes, no podían ampliar actos investigativos mínimos que conllevaran a la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo de las responsabilidades (…) la resolución dice existe una peligrosa extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Y sigue diciendo el vocero del TAM: “Sobre la prescripción penal la Procuraduría dijo que en los delitos propios que gocen de inmunidad y que se cometieron a partir de la vigencia de esta ley, se iniciará a partir del cese de sus funciones sin perjuicio de las facultades que le corresponde a la Asamblea Nacional en materia de inmunidad”.
“Eran diputados. El juez no podía sobreseerlos, porque ¿cuándo los indagó? Nunca se les levantó la inmunidad, entonces se extralimitó en sus funciones. Se reabre el caso”, sostuvo Solórzano, refiriéndose a que la Sala Penal Uno resolvió: “Ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Auxiliar Penal” en contra de Alemán y Sánchez.
En cuanto al otro caso, el de “las vaquillas”, el mismo Juzgado lo conoció en noviembre del 2002 y el juez dictó sentencia el 27 de enero del 2006, en la cual sobreseyó definitivamente a Alemán y a Eduardo Mena. Y en el que hacen similar análisis al del “narcojet”.
El abogado de Alemán, Mauricio Martínez, quien calificó la sentencia de la Sala Penal Uno, como “monumentalmente ilegal”, adelantó que recurrirán de casación en contra de las dos resoluciones de esa sala, “porque la Ley de Fijación de Plazo Razonable impedía revocar esa sentencia”. Martínez dijo que cuentan con 10 días para proceder.
Martínez insistió en que, de acuerdo a la Ley 715, los magistrados de esa sala “no pueden revocar ni podían desconocer los beneficios” de su cliente. El ex presidente Alemán restó importancia a ambos casos.
“No pueden (reabrir los casos). Mirá, la Ley de Plazo Razonable señala claramente que no puede ser modificada una sentencia, en apelación o en casación, favorable al reo o al implicado, así que todo lo que haga es contra ley expresa, es más bien como decía el doctor Pallais, prevaricato”, dijo Alemán.
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