La viceministra de la Familia, Marcia Ramírez Mercado, dio a conocer a través de un comunicado que esa institución no ha autorizado, ni autorizará, la entrada al país de niños huérfanos provenientes de Haití por parte de instituciones privadas o individuos, que no sean gestionadas a través de los canales oficiales del Gobierno.
Además indicó que Mifamilia es la única institución facultada para asumir la tutela de la niñez en situación de orfandad y realizar los trámites de adopción o de ubicación temporal en familias sustitutas.
El comunicado fue emitido a tan solo un día de que se conociera que entre 10 y 15 niños afectados por el terremoto serían ubicados en hogares de familias jinoteganas, gracias a las gestiones de la Iglesia Evangélica Misión para Cristo.
Porfirio Molina Palacios, director en funciones de dicha congregación evangélica, había expresado que los niños serían asignados a varias familias, mientras se estabiliza Haití y si se puede serían adoptados; pero aseguró que ese trámite sería reglamentado por el Ministerio de la Familia. “Ya contamos con el respectivo permiso del Ministerio de la Familia y el de Gobernación”, aseguró Molina.
ASUMIRÍA DE MANERA DIRECTA
El comunicado expresa que en caso de que el Gobierno de Haití requiriera del apoyo del Gobierno de Nicaragua para atender a niños huérfanos, el Ministerio de la Familia asumiría de manera directa la responsabilidad de organizar la recepción de los niños y los estudios y procedimientos legales para ubicarlos en las familias sustitutas.
Además indican que “el asunto requiere de un cuidadoso análisis de las familias que los van a acoger, pues se debe garantizar la idoneidad de las mismas, sin que medie ningún tipo de interés que no sea garantizarles el derecho a crecer bajo el amor y el cuidado de una familia”.
Además consideran que ningún niño debe ser internado en centros de protección especial hasta que se tenga la certeza de que ningún familiar idóneo pueda hacerse cargo del menor.
El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes del país y en las convenciones internacionales pone en riesgo, según Mifamilia, los derechos de los niños y conduce a la posibilidad de actos ilegales de trata de personas.
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